El número de personas desplazadas a nivel mundial a causa de un desastre natural, como son los derivados, de terremotos, ciclones, huracanes, tornados, inundaciones, sequias, etcétera, que se presentan de manera sostenida. Así, de acuerdo al Informe Mundial 2022 del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), aproximadamente 24 millones de personas abandonaron sus hogares y comunidades debido a un desastre natural. De ellas, un poco más de 22 millones fueron desplazadas por fenómenos climáticos, de estas, 11.5 millones se deben a ciclones y tormentas severas y 10.1 millones a inundaciones. La creciente intensidad y frecuencia de estos fenómenos son parte de las consecuencias del cambio climático y la crisis ambiental a nivel global, y estos seda a nivel mundial.
En América Latina, de acuerdo al Informe, 1.7 millones de personas fueron desplazadas por un desastre natural, más de la mitad debido a tormentas e inundaciones. Los países más afectados fueron Estados Unidos, Brasil, Haití y Cuba, donde la mayor parte de las personas desplazadas son menores de dieciocho años, afectando su seguridad, bienestar y educación de manera inmediata, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, como el sureste mexicano.
En nuestro país, en los órdenes estatal y municipal, estos fenómenos contingentes son contados los estados que cuentan con recursos suficientes para superar los daños derivados de los desastres naturales,, lo que implica fuertes presiones en sus finanzas, particularmente en los estados con mayor pobreza e indicadores extremos de desigualdad social, así en México particularmente en el sur sureste, la CDMX es la única entidad federativa que ha contado un seguro para enfrentar desastres naturales. En los años noventa, recuerdo experiencias fallidas en Puebla y Veracruz. Sin embargo, dada la dependencia de las entidades federativas del esfuerzo fiscal del gobierno federal, se termina afectando a los ciudadanos, principalmente a los más pobres, como lo hemos visto con las pandemias, huracanes, inundaciones y temblores, particularmente en el sur sureste del País.
La pobreza se da más en las naciones que tienen más desigualdad, eso ha sucedido en nuestra región y en México en particular, recuerdo un ensayo de hace muchos que presente en un Congreso Nacional de Economistas –cuando existíamos- sobre la Estructura Nacional de la Desigualdad. Hay una correlación entre los efectos de los desastres naturales y la desigualdad estructural, así como la corrupción.
Lo anterior debe ser considerado en la planeación presupuestal y de políticas públicas vinculadas con la gestión de desastres. El FONDEN que se crea en 1998 en el Estado de Sonora, incluía un mecanismo perverso de pari passus, en los cuales, los municipios tenían que aportar las mayor parte de los recursos para la reconstrucción, y el gobierno federal, apenas un 30 por ciento. Con su desaparición se eliminaron los pari passus, que obligaban a muchos estados como Oaxaca a endeudarse.
Conscientes de esta problemática, para la población de menores ingresos, las EFS miembros de OLACEFS, en la Declaración de Oaxaca del año pasado, se comprometieron a realizar auditorías, especialmente, vinculadas con el cambio climático y la reducción de riesgo de los desastres naturales, con especial atención a la población en condiciones de pobreza extrema.
Por ello, bajo el liderazgo de la ASF, se realiza la Auditoría Coordinada del Marco de Sendai y reducción de la pobreza, cuyo objetivo es evaluar la aplicación de las estrategias gubernamentales en materia de prevención y reducción de riesgos de desastres para fortalecer la gobernanza y fomentar la resiliencia de la población en condición de pobreza.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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