Si quisiéramos ponderar los derechos, no desde una perspectiva jurídica sino como un mero ejercicio de imaginación, probablemente concluiríamos que, los derechos son importantes para algunas personas en la medida de sus necesidades o bien de aquellas situaciones que las han puesto como víctimas.
Sin embargo, aunque simplista, este ejercicio no busca cambiar alguna teoría ni contravenir disposiciones derechohumanistas. Por el contrario, busca hacer evidente que, existe aún quien piensa bajo este sesgo negando el acceso a la justicia desde las esferas más altas del ejercicio público, contraviniendo incluso al sentido común.
El caso concreto que se aborda en esta entrega es un tema en el que el revanchismo político lastima por su osadía; Desde el pasado 5 de octubre de 2021 se presentó para su análisis, una propuesta que busca combatir una conducta que transgrede los derechos más básicos de individuos y familias enteras: el desplazamiento forzado de personas. A través de esta propuesta, se busca brindar, a pesar de lo complejo del problema, un acercamiento a la impartición de justicia como un primer paso que requiere de acciones mucho más complejas y necesarias.
El fenómeno de desplazamiento forzado en México se atribuye a diversas causas: desde la persecución religiosa de antaño, los desastres naturales, proyectos de desarrollo, hasta motivos que se relacionan con la delincuencia organizada aparejada con la comisión de delitos que obligan a las personas a migrar, cambiando radicalmente su forma de vida y comprometiendo incluso, sus necesidades más básicas.
Sin embargo, a pesar de lo grave de esta situación, de acuerdo con el Informe Especial de la CNDH de 2016 respecto a desplazamiento forzado de personas el aspecto que más preocupa es la invisibilización que sufren las víctimas y la falta de disposiciones legales que permitan no solo el acceso a la justicia, sino que den certeza a las propias autoridades.
Precisamente, buscando abonar en torno a los mecanismos legales, y conscientes de la necesidad no solo de esto sino para dar un paso al frente de muchos que son necesarios, es que se planteó tipificar el desplazamiento forzado de personas como un delito en el Código Penal de Chihuahua, que es vergonzosamente una de las entidades que encabezan la estadística en el tema.
Esta propuesta, si bien tiene su origen en lo que se hace ver como oposición, está muy lejos de atender a fines más allá de garantizar justicia ante tan sensible y delicada problemática. Sin embargo, al parecer, en Chihuahua le cantan las golondrinas a la atención de las necesidades básicas de la ciudadanía.
Es así como, para temas que requieren de acciones legales como el que hoy está en comento, se crean tan solo comisiones, mientras que, para cuestiones que realmente requieren de comisiones -como la instrumentación del Código Adam, ese instrumento de búsqueda de niñas, niños y adolescentes- se deja el tema para después… quizá cuando la dureza de las cifras nos golpee en la cara.
Tenemos entonces un gobierno para unos cuantos, cuando hay mucho pueblo. Sin embargo, como siempre lo digo, primero es la gente y ya nos tocará el turno de cantarles a nosotros, las golondrinas.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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