Durante las últimas semanas, las intensas olas de calor en Europa y el inicio de la temporada de huracanes en nuestro continente, la cual, estima la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EUA, será la séptima temporada consecutiva superior a lo normal, nos han mostrado las consecuencias cada vez más severas del cambio climático.
Según los cálculos de la ONU, las probabilidades de que la temperatura media anual del planeta supere el 1.5 °C, el límite impuesto por el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, es casi del 50%. Si traspasamos ese umbral, los efectos del clima serán cada vez más perjudiciales para el planeta y, por tanto, para cada uno de nosotros.
El cambio climático es una problemática de urgente atención, que obliga a todos los actores, tanto públicos como privados, a promover y participar en la implementación de diversas acciones de mitigación y adaptación a nivel local, nacional y mundial para responder a esta emergencia global. En el ámbito gubernamental, estas acciones, que incluyen la adopción una serie de obligaciones a nivel internacional y la emisión de normas y regulaciones, así como el diseño e implementación de políticas públicas, resulta fundamental para avanzar en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y preservar el medio ambiente.
Asegurar la gobernanza de dichas políticas y garantizar su apego a los principios de eficacia, eficiencia y economía por medio de la rendición de cuentas, resulta particularmente relevante en América Latina y el Caribe, ya que nuestra región, debido a su ubicación geográfica, así como a las sinergias entre su situación económica, la pobreza y las desigualdades, resiente – y resentirá- de manera más severa las secuelas del calentamiento global.
Consciente de la magnitud de este reto, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores ha promovido, desde hace más de una década, el intercambio de buenas prácticas, experiencias y conocimientos sobre la revisión, control y verificación del cumplimiento de las normas, así como de las políticas públicas y el correcto uso de los recursos públicos destinados al combate al cambio climático.
La complejidad de este fenómeno y su intersección con otros sucesos como la pobreza y los desastres obliga a las EFS a contar con los recursos humanos y técnicos, así como desarrollar los conocimientos y metodologías que les permitan fiscalizar adecuadamente las políticas y programas ambientales, energéticos y sociales relacionados con el cambio climático para determinar su eficacia y evaluar financieramente los recursos públicos destinados a ellas.
Los equipos auditores deben contar con la capacitación necesaria que les permitan identificar y analizar los indicadores, variables y riesgos de sus respectivos países para planear y ejecutar sus auditorías considerando la información ambiental, los datos disponibles, las legislaciones y estructuras de gobernanza.
Para favorecer la correcta fiscalización de dichas políticas, en la próxima Asamblea General de la OLACEFS se discutirán las aportaciones de las EFS en la lucha contra el cambio climático. La discusión de esta problemática, que es liderada por la Contraloría General de la República de Chile, tiene como propósito examinar, el rol de las EFS con una perspectiva a futuro, las acciones, necesidades, limitaciones y desafíos de las EFS de OLACEFS para promover una gestión eficiente y eficaz en la adaptación y mitigación del cambio climático, para contribuir al resguardo del bienestar de las próximas generaciones y al fortalecimiento democrático, en el contexto de la lucha contra la corrupción y proponer nuevas estrategias que incidan positivamente en la preservación del medio ambiente.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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