El poder del Ejército y de la Marina avanza en el combate al crimen organizado, el presidente reconoce la corrupción en puertos y aduanas, pero aún mantiene como pendiente llevar ante la justicia a corruptos y corruptores
Una de las acciones más contundentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la de dar a las instituciones militares el poder de controlar tareas que anteriormente eran desarrolladas por autoridades civiles.
La vigilancia de los ductos y del transporte de combustibles, la seguridad pública en todo el país, la supervisión y próxima operación del Tren Maya y del Aeropuerto de Santa Lucía han sido todos entregados a los militares.
En diciembre pasado, el control de los puertos marítimos de todo el país pasó a manos de la Secretaría de Marina, tras una reforma propuesta por Morena para quitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su carácter de autoridad en la marina mercante.
Con el argumento de que la decisión obedece al fortalecimiento de la seguridad nacional, el presidente presumió las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley de Puertos, aprobada por el Senado el 28 de octubre pasado.
Al referirse a la reforma, el presidente reconoció que a través de los puertos mexicanos entra la materia prima para la elaboración de las drogas que cada vez con mayor frecuencia se consumen en el país. Igualmente, López Obrador llamó la atención sobre cómo las autoridades portuarias están a merced del crimen organizado, que a plata o plomo les doblega.
Hasta ahí, ningún reclamo. No es novedad que a través de los puertos y las aduanas del país pasan de manera ilícita todo tipo de mercancías frente a los ojos de las autoridades.
Basta ver, por ejemplo, el retén militar que a la entrada/salida de Ciudad Juárez no ha detenido el flujo de armas y drogas; ni qué decir de los traficantes de migrantes.
El problema viene cuando se revisan las consecuencias de entregar más y más poder a instituciones castrenses y el impacto que ello tiene en la misión de pacificar México.
Empecemos por decir que hasta ahora no hay evidencia de que la participación del Ejército haya disminuido, por ejemplo, el problema de las tomas clandestinas.
En Tlahuelilpan, el lugar donde en enero de 2019 murieron 137 personas por la explosión de una toma ilegal de combustible, siguen operando las bandas de huachicoleros aun con la presencia de los militares; el robo de gas va en aumento y el de gasolinas permanece, sin que se advierta algún cambio en la estrategia del gobierno.
Cuando el presidente se congratulaba de la llegada de la Marina a los puertos, se le olvidaba mencionar que en 2020 esa institución acumuló 110 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con lo que se colocó en el lugar 12 de 470 de los entes con más expedientes.
La misma iniciativa de reforma explicaba que de los 174 países que forman la Organización Marítima Internacional, únicamente 11 tenían a los mandos militares como autoridades marítimas; entre ellos Corea del Norte, República Dominicana, Perú y Chile.
“Un elemento común en estos cinco países es que todas ellas han sido o son dictaduras militares, factor que explica por qué recae la autoridad portuaria dentro de la jurisdicción militar”, detalla el texto, que además advierte de la posible violación del artículo 129 constitucional.
Mientras avanza el poder del Ejército y de la Marina, las corporaciones civiles de seguridad pública se rezagan ante el abandono de los tres órdenes de gobierno; el presidente reconoce la necesidad de cambiar los mandos de puertos y aduanas, pero no avanza en llevar ante la justicia a quienes son corruptos y corruptores.
El fortalecimiento de las policías, la preparación de buenas carpetas de investigación, las políticas públicas de atención a las adicciones siguen como temas pendientes, casi soñados, de una agenda que se aleja cada vez más de la violencia que padecemos quienes habitamos en México.
La negativa presidencial a aceptar los errores y a cambiar de rumbo pone en riesgo esta que parecía una oportunidad única para sentar las bases de la pacificación del país.
DESDE LA FRANJA
El panista Carlos Borruel busca la candidatura a la alcaldía de Chihuahua por Morena.
Javier González Mocken, expriista y exabanderado de Morena, será el candidato del PAN a la presidencia municipal de Juárez.
El diputado panista Miguel Riggs quiere ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Chihuahua.
El independiente Armando Cabada ahora busca una diputación federal por Morena.
Después de casi cinco años al frente de la Fiscalía Zona Norte, Jorge Nava sale con que lo suyo, lo suyo sería convertirse en diputado para, ahora sí, combatir el crimen en la frontera.
No entienden que no entienden.
Itzel Ramírez
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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