En días recientes, alumnas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) han alzado la voz para denunciar el acoso sexual que sufren por parte de algunos docentes. Estas denuncias, valientes y necesarias, han puesto en evidencia una problemática que, aunque no es nueva, ha sido sistemáticamente ignorada o minimizada por las instituciones educativas. El acoso sexual en las universidades no solo violenta los derechos de las estudiantes, sino que también atenta contra la integridad y la seguridad de los espacios que deberían ser refugios de aprendizaje y crecimiento. Es momento de visibilizar este problema, entenderlo en toda su dimensión y tomar acciones concretas para erradicarlo.
Para abordar este problema con seriedad, es fundamental entender la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual, términos que, aunque relacionados, tienen implicaciones distintas en la legislación mexicana. El acoso sexual es una conducta de naturaleza lasciva ejercida por cualquier persona sin necesidad de que haya una relación de jerarquía con la víctima. En cambio, el hostigamiento sexual ocurre cuando existe una relación de poder entre el agresor y la víctima, como la que se da entre un docente y su alumna, lo que agrava la situación, pues coloca a la víctima en una posición de vulnerabilidad aún mayor.
En México, ambas conductas están tipificadas en la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y en el “Código Penal Federal”, así como en legislaciones estatales. Sin embargo, la existencia de leyes no es suficiente si no se aplican de manera efectiva. Las denuncias de las alumnas de la UACJ y la UACH son un recordatorio de que, a pesar de los avances legales, el acoso y el hostigamiento sexual siguen siendo una dolorosa realidad, cotidiana en muchos espacios educativos.
Ante esta problemática, las universidades tienen la responsabilidad de actuar de manera contundente y proactiva. No basta con condenar el acoso u hostigamiento sexual; es necesario implementar medidas concretas que prevengan estas conductas, protejan a las víctimas y sancionen a los agresores. Aquí tres recomendaciones clave:
Implementar protocolos claros y accesibles para denunciar acoso sexual: Las universidades deben contar con mecanismos sencillos y confidenciales para que las víctimas puedan denunciar sin temor a represalias. Estos protocolos deben ser ampliamente difundidos entre la comunidad estudiantil y garantizar que las denuncias sean atendidas. Además, es crucial que las investigaciones sean imparciales y transparentes, y que se respete el debido proceso tanto para las víctimas como para los acusados. Debe implementarse en la ley orgánica de las universidades.
Capacitar a docentes, personal administrativo y estudiantes: La prevención del acoso sexual comienza con la educación. Las universidades deben implementar programas de capacitación obligatorios para docentes, personal administrativo y estudiantes, donde se explique qué constituye acoso y hostigamiento sexual, cómo identificarlo y qué hacer en caso de ser víctima o testigo.
Crear espacios seguros y de apoyo para las víctimas: Se deben establecer centros de atención psicológica, legal y emocional para las víctimas. Estos espacios deben ser gestionados por profesionales capacitados y ofrecer acompañamiento integral a las estudiantes que hayan sufrido este tipo de violencia. Además, es importante que las universidades promuevan campañas de sensibilización que visibilicen el problema y fomenten la solidaridad entre la comunidad estudiantil.
El acoso sexual en las universidades es una problemática que no puede seguir siendo ignorada. Las denuncias de las alumnas de la UACJ y la UACH son un llamado de atención urgente para que las instituciones educativas tomen medidas concretas y efectivas.
El aula debe ser un espacio de formación, no de miedo. Las universidades deben ser espacios seguros donde las estudiantes puedan sentirse libres de acoso y hostigamiento. El compromiso de las universidades debe ser firme y contundente: ni una estudiante más debe sentirse insegura en su propia escuela. Es momento de actuar, porque el silencio y la inacción solo perpetúan el problema. La educación es poder, y ese poder debe usarse para proteger, no para someter.
César Calandrelly
Comunicólogo / Analista Político
