Entrar al CECOFAM no es simplemente cruzar una puerta para ver a los hijos, es atravesar un proceso que parece diseñado más para castigar que para fortalecer vínculos familiares. Lo que debería ser un espacio de protección y fomento de la convivencia termina convirtiéndose en un recorrido que recuerda más a una prisión que a un centro de apoyo familiar. Y es que, aunque el personal que ahí labora es profesional y valioso, el problema no radica en los supervisores, sino en un sistema estructuralmente viciado que convierte el proceso en una forma de criminalización, en lugar de una herramienta de apoyo familiar.

De padres a reos: el proceso de humillación institucional

Desde el momento en que el conviviente llega, su identidad se diluye en un expediente. El nombre propio desaparece, convertido en un número que representa un caso, una historia fragmentada en documentos oficiales. Lo mismo ocurre con los niños. En lugar de ser recibidos como personas con emociones y derecho a la dignidad, son identificados por la carpeta que los contiene en el sistema. No hay nombres, solo códigos fríos que deshumanizan la experiencia desde el primer contacto.

Los accesos al CECOFAM reflejan una jerarquía implícita que refuerza la criminalización: los progenitores custodios entran por la puerta principal, por la fachada de la casona antigua que alberga el CECOFAM en Ciudad Juárez, mientras que los no custodios deben hacerlo por una entrada secundaria, más austera y más vigilada, como si fueran reos de un penal. Luego, la inspección es rigurosa, aunque con el tiempo se normaliza: no se permite entrar con objetos personales, las pertenencias se dejan en filtros de seguridad, los regalos deben estar a la vista sin envolturas y cualquier alimento es revisado. Posteriormente, deben cruzar por un arco detector de metales, reforzando la sensación de que más que un padre buscando tiempo con sus hijos, es un delincuente sometido a revisión.

Lo más indignante es la exposición pública. Al cruzar de la estación de revisión a la recepción por el jardín exterior, los padres no custodios quedan visibles ante quienes están del otro lado de la reja, en una pasarela de humillación pública. Asemeja a un desfile de reos en una especie de campo de observación, donde cada paso refuerza la narrativa de culpabilidad: “Ay si mucho amor, mucho amor”, se escuchó alguna vez en forma de reproche desde la acera a un padre conviviente. Este trato, además de innecesario, es cruel y degradante. Se trata de hombres y mujeres que, en muchos casos, solo buscan mantener un lazo con sus hijos, pero el proceso los criminaliza dando por hecho que han perdido su derecho a la dignidad.

Supervisión sin justificación: el CECOFAM como cómplice de la obstrucción parental

Una vez dentro de la sala de convivencia, la realidad no mejora. Con apenas 50 minutos efectivos, el tiempo es insuficiente para que los niños se sientan cómodos. Romper el hielo después de la tensión de los protocolos iniciales toma tiempo, y cuando por fin se logra, la visita ya está terminando. Todo bajo la mirada atenta de supervisores que, en ocasiones, parecen más enfocados en encontrar fallas en el comportamiento del padre que en garantizar un ambiente propicio para la convivencia. Si bien la gran mayoría de ellas y ellos son profesionales comprometidos, la estructura del sistema está diseñada para documentar lo negativo, para buscar señales que justifiquen la restricción del contacto en lugar de fomentar la relación.

Es particularmente alarmante que, incluso cuando los reportes de supervisión no encuentran riesgos en la convivencia, se mantengan las visitas supervisadas. Si el CECOFAM certifica que no hay peligro, ¿por qué persiste la medida? ¿Por qué sugieren prolongar una supervisión que, lejos de procurar el bienestar del menor, lo somete a un proceso desgastante sin beneficio alguno?

La respuesta parece ser que el objetivo no es proteger, sino vigilar, y esa vigilancia parte del prejuicio de que el progenitor no custodio es, por defecto, una amenaza. Más grave aún, al actuar de esta manera, los responsables del proceso en el CECOFAM se convierten en cómplices de la obstrucción institucional de la convivencia familiar, una conducta que en sí misma constituye un delito. No es solo una omisión o un error burocrático: es el uso del poder del sistema para limitar, injustificadamente, el derecho de los menores a convivir con sus padres, afectando su desarrollo emocional y vulnerando su bienestar.

Las irregularidades en los reportes solo agravan la problemática. Se registran comentarios de la parte custodial sobre visitas en las que ni siquiera estuvo presente, se consignan afirmaciones de los niños fuera de contexto y se detectan narrativas que parecen haber sido inducidas. Si bien hay supervisores que detectan estos patrones y los hacen notar, la estructura general sigue favoreciendo una visión sesgada que criminaliza la paternidad en lugar de evaluar con objetividad.

Violaciones a los Derechos Humanos

Este sistema no solo es ineficaz, sino que además contradice principios fundamentales de derechos humanos establecidos en diversos tratados y legislaciones nacionales e internacionales:

Convención sobre los Derechos del Niño:

• Protege el derecho del menor a preservar su identidad, incluyendo sus relaciones familiares. Al reducir a los niños a simples iniciales en un expediente y al impedir una convivencia digna con su progenitor, se viola este derecho fundamental.
• Obliga a los Estados a respetar el derecho del niño a mantener contacto con ambos progenitores de manera regular, salvo que sea contrario a su interés superior. Mantener una supervisión innecesaria cuando no hay riesgos documentados es una obstrucción institucional a este derecho.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Prohíbe la injerencia arbitraria en la vida privada, la familia y la correspondencia. La vigilancia innecesaria y la criminalización del padre conviviente constituyen una violación clara de este principio.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

• Protege la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, estableciendo que los Estados deben garantizar su protección. Un sistema que obstaculiza la convivencia familiar en lugar de promoverla incumple esta obligación.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Reducir a los niños (y sus progenitores) a un número de expediente no es solo un acto deshumanizante, sino que también constituye una forma de violencia institucional que se configura cuando una autoridad impide, restringe o limita el ejercicio de un derecho legítimo.

• Llamar a padres e hijos por número de expediente equipara la convivencia familiar a un procedimiento penal, eliminando la individualidad de los niños y normalizando su reducción a un simple caso en trámite. Es una práctica que debe erradicarse de inmediato.

Código Penal del Estado de Chihuahua

• En su actuar, el CECOFAM no solo perpetúa una injusticia, sino que se convierte en cómplice de la obstrucción institucional de la convivencia familiar.

Constitución Mexicana

• Obliga a todas las autoridades a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Cualquier proceso que restrinja la convivencia familiar sin justificación es una acción inconstitucional.
• Garantiza el derecho de los menores a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, lo que incluye su derecho a mantener una relación afectiva con ambos progenitores.

CECOFAM: ¿Centro de protección o estructura de castigo?

El CECOFAM, como institución, tiene una intención noble: garantizar espacios seguros para la convivencia. Sin embargo, su ejecución ha degenerado en una estructura de control y castigo. No solo falla en su propósito original, sino que contribuye activamente a la erosión del vínculo entre padres e hijos. Deshumaniza, expone y emite juicios de valor de manera implícita a quienes deberían estar recibiendo apoyo.

Si realmente se busca el bienestar infantil, se necesita una reforma profunda en estos procesos. La paternidad y la maternidad no deben ser un campo de batalla burocrático ni un espectáculo de humillación institucional.

Es momento de replantear el sistema antes de que, en nombre de la protección, sigamos destruyendo lo que se supone que estamos intentando preservar.

David Gamboa

Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.