Conforme avanza el tiempo y la información sobre el Corredor Tecnológico BRT2, la segunda ruta troncal de transporte público en esta ciudad, aumenta la controversia sobre la conveniencia y efectividad del proyecto.Crecen las voces inconformes con la puesta en marcha de este sistema de transporte, buscando incluso el amparo contra esta obra que de concretarse, dotaría a la ciudad de una línea de transporte de 20 kilómetros por las principales arterias de la ciudad; carretera Panamericana, avenida Tecnológico, Paseo Triunfo y 16 de septiembre.
Lo que para sus detractores significa este proyecto, es la estrangulación del tránsito y el flujo vial al eliminar carriles para vehículos privados, así como la eliminación de las vueltas indirectas y los acotamientos, además del grave daño que aseguran causará al medio ambiente y a la economía local, por lo cual ciudadanos organizados han optado por recurrir a la justicia federal en busca de un amparo contra Gobierno del Estado y las empresas constructoras que realizarán el proyecto.
Sin duda una posición muy respetable y que tiene todo el derecho de manifestarse, pero, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Porque hasta ahora solo hemos escuchado los derechos de los automovilistas, pero dicha obra no está dirigida a ellos, sino a los peatones, aquellos que no cuentan con un vehículo privado y que deben desplazarse por la ciudad.
¿Quién tiene más derechos sobre quién? ¿Automovilistas o peatones?
El derecho superior y que debe de prevalecer es el Derecho a la Ciudad, concebido como un derecho individual y colectivo de todas y todos los habitantes de las ciudades y sus alrededores. Como espacios de ejercicio y garantía de los derechos, a fin de asegurar la distribución y el beneficio equitativo de los recursos, servicios, bienes y oportunidades que ofrecen las ciudades.
El derecho a la ciudad debe ser la política conductora en materia de planeación y desarrollo de la ciudad, donde se haga partícipe a todos sus habitantes de los servicios públicos esenciales; alimento, salud, empleo, agua potable, energía, educación, vivienda, así como de cultura y recreación.
Brindar transporte público de calidad, es solo uno de los muchos aspectos que contempla el derecho a la ciudad, un derecho que en Ciudad Juárez ha sido negado a través de muros invisibles, pero casi impenetrables con los que se ha dotado la ciudad, una ciudad desarticulada, conformada por pequeñas islas o islotes, casi siempre temáticos o segmentados, donde unos cuantos acaparan los pocos bienes y servicios que ofrece la ciudad.
Una ciudad que ha crecido mediante la construcción de espacios discontinuos, respondiendo solo a los intereses del sector inmobiliario, negando el espíritu de la ciudad, invadiendo y destruyendo espacios ambientales clave, aislados y donde los nuevos centros residenciales compiten entre sí para para colocarse como símbolos de la ciudad, desplazando a los verdaderos símbolos.
Es por ello que los defensores del Derecho a la Ciudad hacen un llamado a los ciudadanos, gobierno y organizaciones sociales para reducir las desigualdades y grandes desequilibrios con el diseño de políticas integrales las cuales sean determinadas por la comunidad y no por un solo actor.
La reducción en el uso del transporte privado es uno de los aspectos más importante al asegurar el Derecho a la Ciudad, pues este devora el espacio público y destruye en sentido que tiene la calle como elemento vital de una ciudad y donde se produce la articulación de la vida social.
El contar con un transporte público eficaz y de calidad, aumenta las redes de la ciudad, con ello se impulsa la economía local, implica ahorros en la familia, mejora las condiciones de salud de la población la reducirse el sedentarismo, y las emisiones de CO2, amplifica el espacio público con la consecuente reducción de criminalidad y violencia de estos, pero sobre todo acerca y conecta a todos los habitantes.
En nuestra ciudad es común descubrir que un alto número de personas no conocen mucho más allá de su colonia, que nunca han ido a la nueva zona dorada, a lugares donde se ubican centros comerciales, hospitales, universidades, parques. Personas atrapadas en islas de hacinamiento e inseguridad, en buena parte por la falta de un transporte público eficaz.
Tengamos cuidado en no caer en un sin sentido, en ir en contra la nueva realidad, mientras que a nivel mundial, las ciudades apuestan por grandes sistemas de transporte público y recrudecen medidas contra los guiadores, no detengamos el desarrollo de la ciudad y la oportunidad de darle valor agregado a través de sus obras e infraestructura.
El apoyo a dotar a la ciudad de una ruta moderna y digan, no debe ser visto como un cheque en blanco para el gobierno y los concesionarios, sino como la oportunidad para participar todos en la construcción de un transporte que venga a sacar a nuestra ciudad del terrible estigma de ser la ciudad con el peor sistema de transporte público del país y con el mayor número de vehículos per cápita.
Los proyectos no deben ser impuestos, deben ser consensados para que gocen de legitimidad y sobre todo deben ser transparentes.
Seguro que todavía es tiempo de sentar a la mesa a todos los interesados en la buena marcha del BRT2. Para una ciudad que nunca ha contado con un servicio de transporte ya no digamos digno, sino tolerable, no es problema esperar un poco más antes de iniciar obras. Hemos esperado tanto que es vital que esta ruta corresponda en realidad a las necesidades y expectativas de una ciudad y no se quede como todas las obras enanas y viejas recién construidas.
Dar respuesta a las interrogantes de la ciudad es vital, así como contemplar las mejores soluciones a los inconvenientes que van a surgir y no desperdiciar la oportunidad de dar el primer paso para transformar la movilidad en la ciudad. Es momento de ser creativos, innovadores, de preparar un sistema de transporte listo para los próximos 30 años que nos asegure a todos el libre acceso a la ciudad.
Claudia Vázquez Fuentes
Analista Geopolítica.
Maestra en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
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