“Perdón, pero si el crimen organizado quiere hacer de las suyas, que se vaya a Delicias, que se vaya a Cuauhtémoc, a Ciudad Juárez”, ¿recuerdan estas palabras? Las pronunció la Gobernadora María Eugenia Campos Galván cuando fue alcaldesa de la Ciudad de Chihuahua.
En la misma tesitura, el ahora alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, se encuentra bajo escrutinio público luego de intentar justificar la ineficacia de su gestión en materia de seguridad, responsabilizando a terceros de traer desde el exterior problemas de violencia al municipio de Chihuahua. Bonilla dijo en los últimos días que los policías municipales vigilan la entrada de la capital del estado para evitar que ingresen juarenses a cometer delitos.
Esto surge después de que también expresara que el 90% de la incidencia delictiva en Chihuahua capital es cometida por personas provenientes de Ciudad Juárez. Las y los juarenses hemos sufrido durante años el estigma por la violencia derivada de sexenios de sangre derramada, como el de Calderón, y de ausencia de justicia de los gobiernos estatales para la seguridad y prevención del delito, esto no justifica que quieran lavarse las manos de la inseguridad en la capital, culpando a los juarenses. El trasfondo es una actitud prejuiciosa y evasiva sostenida en estereotipos y estigmatizaciones.
Fue en el periodo que abarcó de 2007 al 2012, cuando Ciudad Juárez vivió una escalada de violencias sin precedentes. Este escalamiento se hizo evidente con el aumento exponencial de prácticamente todos los indicadores delictivos, comenzando por el incremento de homicidios, robos, y secuestro.
Estas expresiones de Bonilla tan lamentables son irresponsables, malsanas y buscan culpar a los juarenses de la inseguridad en la capital. El riesgo de sus declaraciones es distraer de lo fundamental, un gobierno local incapaz de garantizar una política integral de seguridad al igual que la Gobernadora.
Esta estrategia es la típica del conservadurismo y la derecha: acentuar un criterio de imputar los problemas sociales a los migrantes o personas del exterior. Si uno dice que el problema es el sistema, eso no se visualiza, pero si le dices a la gente que el problema de la crisis es un grupo social particular, como los migrantes o los juarenses, o una región es mucho más efectivo.
Lo cierto es que nuevamente un gobierno panista ha tendido sobre su discurso una cortina de humo del combate a la criminalidad.
El dicho del alcalde con tintes separatistas y regionalistas, recuerda la narrativa de la Gobernadora cuando en la protesta a favor de la entrega de libros de texto gratuito, discriminó y deslegitimó la marcha al señalar que las personas asistentes no eran chihuahuenses porque tenían “acento del sur”, olvidando por completo que su Gobierno está al servicio de todas y todos los ciudadanos. que habitan el Estado. También recordemos el pronunciamiento de funcionarios públicos panistas que calificaron en redes sociales a Juárez como una ciudad “cochina”, con una actitud de deprecio que simplemente reitera su sesgo administrativo.
O cómo olvidar el afán estigmatizador cuando en enero de 2010 una tragedia azotó a Ciudad Juárez, Chihuahua: 15 jóvenes fueron asesinados en el fraccionamiento Villas de Salvarcar. Al enterarse de los hechos, el entonces presidente Felipe Calderón se encontraba de gira por Japón y desde allá aseguró que los muchachos eran integrantes de pandillas, razón por la que fueron asesinados; cuando en realidad eran jóvenes estudiantes y deportistas.
Ninguna ni ningún chihuahuense, merece recibir comentarios despectivos, las y los juarenses somos personas trabajadoras, que día a día nos esforzamos por salir adelante a pesar de las adversidades, y sumado a las carencias que este mismo gobierno estatal provoca. Hay una premisa profundamente arraigada en la población de Juárez sobre cómo transcurren sexenios, y el Gobierno del Estado permanece ausente, o en el mejor de los casos, actúa en forma errática.
¿Cuál es la estrategia actual del Gobierno del Estado contra la inseguridad? El proyecto de la Torre Centinela, una política pública marcada la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas. Un proyecto que responde más bien a un riesgo de corrupción, ya que se ha demostrado que el modelo de videovigilancia masiva no ha contribuido al abatimiento de la violencia ni a la inseguridad y su implementación está retrasada por tiempo indefinido.
Invitamos al alcalde de Chihuahua a conducirse con respeto, y a gobernar y enfrentar la inseguridad con estrategia y contundencia, no con estigmatizaciones, y generando condiciones de justicia e igualdad.
Le pedimos se disculpe ante las y los ciudadanos de Cd. Juárez.
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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