En los últimos lustros, México ha incrementado su dependencia de las importaciones tanto de gas natural (GN) como de gas líquido del petróleo (GLP), lo que, dada la fragilidad estructural de la planta productiva y del sistema de distribución nacionales, debilita el posicionamiento necesario en materia de seguridad y soberanía energéticas, cuyas consecuciones son de los dos grandes objetivos del programa de gobierno de la Cuarta Transformación.
Es menester instrumentar soluciones a la situación actual. Formular opciones para mejorar la tendencia en el futuro buscando atender el persistente crecimiento en la demanda. Para tener éxito en esta tarea, se requiere de consensos; de que las acciones planteadas sean aceptadas por los actores claves del sector; lo que sería un paso inicial en el desarrollo de un plan maestro para la explotación racional y sustentable de este importante recurso en el mediano y largo plazo.
Actualmente México produce únicamente alrededor del 30% de sus necesidades de GN y no existe una estrategia para revertir esta tendencia. Esto nos hace sumamente vulnerables al depender en un 70% de la importación, incluyendo las de GLP.
La demanda viene impulsada por varios sectores claves de la economía nacional, como la industria (GN 59%, GLP 5%), la generación eléctrica (GN 68%) el uso doméstico (GN 8%, GLP 55%), según cifras publicadas por el Informe sobre la Prospectiva del Gas Natural en México 2018-2032 de la Secretaría de Energía.
Históricamente el consumo del gas en México se ha incrementado en aproximadamente un 30% en los últimos 10 años, mientras que la producción nacional ha disminuido en un 50% en el mismo período. Esto significa que el problema heredado por el régimen anterior, lejos de haberse atendido se ha exacerbado.
Esta grave situación de vulnerabilidad quedó expuesta en el pasado invierno del 2021, cuándo por las heladas y una decisión unilateral del vecino estado de Texas, las exportaciones hacia México fueron reducidas, mediando inclusive una seria amenaza de cortar todo el suministro, lo que hubiere provocado una crisis energética sin precedente en el país e incumplimientos por los contratos firmados entre empresas privadas productoras estadounidenses y dependencias mexicanas como Cenagas, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El gas producido por Pemex es gas asociado a los yacimientos petroleros y dado el estancamiento en la producción petrolera, también se ha afectado la producción de gas, lo que ha generado un crecimiento en la brecha entre producción y demanda de más del 300% en la referida década pasada. Los planes gubernamentales actuales publicados para el período 2020-2028, estiman que el distanciamiento entre producción y demanda se incrementará en un 60% adicional, lo cual obliga al país a realizar inversiones, ya sean públicas o privadas en infraestructura y así atenuar el crecimiento de las importaciones, ya que la creciente demanda se ha atendido con importaciones que en más de un 90% provienen de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que agudiza nuestra dependencia del vecino del norte y compromete la seguridad energética nacional.
El impacto del gas en el Producto Interno Bruto Nacional (PIB), puede estar entre el 3% y el 5%, dependiendo de la dimensión en la sustitución de las importaciones. Hay regiones como el noreste del país en las que el efecto puede aumentar hasta entre un 5% y un 7%.
Tiene mucho sentido darle prioridad a este asunto. El gas natural es la fuente más económica de los hidrocarburos; su precio por unidad energética es 12 veces más económico que el diesel y 3 veces más que el combusteóleo.
Las importaciones de gas significan una disminución directa de nuestro PIB del orden del 3%, equivalentes a 5,000 millones de dólares respecto al PIB de 2022 y como ya señalamos más del 95% provienen de los Estados Unidos de Norteamérica.
Requerimos urgentemente adecuar nuestro marco normativo y regulatorio a esta realidad, adoptar mejoras impositivas, estimular la inversión pública y privada en el sector, pero sobre todas las cosas, un cambio de visión que le reconozca a este recurso, la importancia estratégica que tiene para el desarrollo del país.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
