No se había dado en el historia política e institucional del Estado mexicano, en su ya largo existir, un proceso de tanta degradación no puede llamarse de otra manera, lo anterior por los ataques por demás furibundos e incesantes que efectúa desde principios de este año el Poder Ejecutivo hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el desencuentro inicio cuando finalizo su periodo el magistrado presidente Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, y el 2 de enero se eligió a Norma Lucia Piña Hernández como la nueva magistrada presidenta, esto se llevó a cabo a contrapelo de la decisión tomada en Palacio Nacional, que pretendía que la sucesora fuera la magistrada Yasmin Esquivel Mossa, quien no pudo pasar la aduana del descredito, ya que se descubrió un supuesto plagio de la tesis que entregó a la UNAM para titularse en su licenciatura, posteriormente se denunció que había hecho lo mismo con la tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac, lo anterior detono que desde el Poder Ejecutivo se iniciara una oscura campaña contra la magistrada presidenta Piña Hernández y luego anexaron en su narrativa de odio a la SCJN.
Primero se desdeñó cualquier dialogo entre los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial este afirmado desde las mañaneras, el proceso de descalificación ha sido una constante, un día sí y otro también; pero una de las decisiones tomada por el pleno de la SCJN, que más ha calado profundo en Palacio Nacional (o al menos así lo han hecho sentir) es haber echado abajo las modificaciones realizadas por las Cámaras de Diputados y Senadores a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto durante la sesión del pleno efectuada el 8 de mayo, el magistrado ponente fue Alberto Pérez Dayán, ni siquiera se pudo llegar al fondo de la constitucionalidad o no de ambas leyes, ya que por considerar que en el Congreso de la Unión incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo debidamente establecido (hubo violaciones directas a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, así como a disposiciones contenidas en los reglamentos de ambas Cámaras), después de las debidas argumentaciones cada magistrada(o) fueron emitiendo su voto y al final del conteo no fueron aprobadas por 9 votos a favor del dictamen y 2 en contra de las ministras afines al oficialismo Loretta Ortiz Ahlf y Yasmin Esquivel Mossa.
Esa votación elevo a la décima potencia los ataques que se venían efectuando desde el mes de enero, iniciaron inmediatamente una serie de propuestas que han girado en torno a lo expresado por el titular del Poder Ejecutivo del país desde el podio mañanero, en que sentencio, “que la SCJN estaba podrida y que no tenía remedio” y luego con un cumulo de adjetivos calificativos negativos remato con su propuesta de que los magistrados de la SCJN y otros integrantes del Poder Judicial debían ser electos por voto popular; primero parece inaudito que el titular de un poder del Estado mexicano califique y se exprese en forma tan despectiva de otro Poder, en este caso el Judicial, revisando no hay registro de un agravio de esa magnitud; por otra parte en los supremos tribunales de varios países, se encontró que solo Bolivia los elige y esto auspiciado por un autócrata como lo es Evo Morales, y es una elección indirecta, ya que los candidatos salen después de pasar por la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional; pero yendo un poco más al fondo, el partido en el poder llevaría ventaja a los demás, pero aún más, la constitucionalidad de las leyes y los actos de quienes detentan el poder público en los máximos niveles, no es un tema menor, no es un asunto de que quienes sean los más populares de un país o de una región, sino se trata de preparación jurídica, capacidad argumentativa, de experiencia en los temas jurídicos, por lo que sería demasiado riesgoso que México diera este salto de que jueces y magistrados de la SCJN, sean electos el voto popular.
Se propuso por el Coordinador de los senadores de Morena, el jurista constitucionalista Ricardo Monreal que el senado debería realizar un juicio político a los 9 magistrados que votaron a favor del dictamen de referencia y que la misma Cámara debe quitar el Consejo de la Judicatura Federal de la influencia de la actual magistrada presidenta; también inducen desde un edificio vecino, una manifestación permanente de ataque a la Corte pero principalmente a la titular; la magistrada Piña Hernández recibió el galardón de “Derechos Humanos 2023” de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, y el Presidente se burló del premio y obvio implícito también de su origen y dijo que esos premios se conseguían en la Plaza de Santo Domingo.
Las descalificaciones rayan mínimo en la imprudencia, la misoginia y lo peor, llevan un enorme fondo político-partidista. Cuando la razón no le asiste a un ente público debe tener la entereza y la responsabilidad de asimilarlo y corregirlo, de lo contrario solo se está llamando a la división, al odio y a la descalificación sin argumentación.
Frase para reflexionar:
“El hombre sapiens, la única criatura dotada de razón, es también el único ser que aferra su existencia a cosas irracionales.”
Henri Louis Bergson, filósofo francés (1859-1941)
Gerardo Hernández Ibarra
Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades.
Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador.
Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013.
En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018.
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