En un auténtico caleidoscopio de temas diversos relevantes y de altos contenidos controversiales, esta convertido el ambiente público del país; temas que van desde las denostaciones a la SCJN y a su presidenta, las tesis que se presumen copiadas por una magistrada de la SCJN, el Plan B electoral, la iniciativa para crear una nueva ley de Ciencias y Tecnología, la sentencia de la CIDH para que el estado mexicano reconsidere las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, la doble tragedia del INM primero la gran migración actual y el incendio de sus pésimas instalaciones en esta frontera, la desaparición de NOTIMEX, la pretendida reducción de facultades al TEPJF, las controversias comerciales del TMEC, la declaratoria de la SCJN de la inconstitucionalidad del paso de la GN a la SEDENA, la no muy cordial relación fentanilica de México vs EUA, la desaparición forzada a que quieren someter al INAI, desde el poder público y otros más.
Todos los temas señalados en el párrafo anterior son importantes y merecen ser tratados, analizados y discutidos cada uno en su entera dimensión, sin embargo, tenía que decidir por uno y elegí la desaparición forzada a que quieren someter al INAI desde el Palacio Nacional, porque convencido estoy, que en ello van inherentes dos derechos ciudadanos fundamentales, así como la transparencia. Durante el siglo XX pocos se podían imaginar la creación y buen funcionamiento de una institución que velaría y garantizaría por estos derechos tan importantes para los mexicanos, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la transparencia; no es sino hasta el 11 de junio de 2002, que se promulga y publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), que dio la pauta para que el IFAI iniciara funciones el 25 de octubre de 2002; el 24 de diciembre de 2002 mediante decreto el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) adquiere la formalidad de un organismo descentralizado; el 4 de mayo de 2015 se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el 5 de mayo del mismo año, el IFAI cambió su nombre al de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI.
No se puede entender cómo fue que durante este siglo XXI y gracias a las garantías que ha ofrecido a lo largo de 20 años de existencia de este instituto, ha sido posible que millones de mexicanos hayan tenido acceso a la información pública, también a datos que atañen al devenir de su vida personal; a la protección de sus datos personales y en general a lograr que los entes públicos y privados que hagan uso de recursos públicos rindan cuentas y que se vaya consolidando una cultura de la transparencia.
Tampoco se podría entender como es que cientos de denuncias han sido interpuestas, gracias a que el instituto haya obligado a entes públicos y privados a abrir su información y hacerla pública; ¿cuánta información? ha surgido de los recursos solicitados ante el organismo, por integrantes de los medios de comunicación y de Organizaciones de la Sociedad Civil que se dedican a elaborar estudios y a realizar análisis de la información pública, seria incuantificable; en fin, que la valía de las facultades del organismo para con la sociedad mexicana, es inconmensurable. Quienes hoy están detentando el poder publico y en su momento fueron oposición a los gobiernos en turno, hicieron uso de las bondades de este ente público y les sirvió para su causa y así poder lograr acceder al poder.
Si ponemos en la balanza de la opinión pública, la continuidad de este organismo o su desaparición como se pretende, una inmensa mayoría se inclinaría por su permanencia; no se puede reducir su utilidad en función de que tiene una inversión anual cercana a los 1,000 MDP, entonces habría que preguntarnos ¿Cuánto cuesta soportar a un gobierno sumergido en la opacidad?, ¿habrá punto de comparación, entre las bondades de la transparencia y la opacidad? o qué se pretende volver al siglo XX, donde no fue sino hasta 1996 que fue reconocida en la Constitución la obligación del estado mexicano a garantizar el derecho a la información pública.
Como puede ser posible que hoy desde el mismísimo poder publico se quiera atentar contra este organismo, al hacerlo atentan contra la garantía de los ciudadanos a sus derechos al acceso a la información pública y al de la protección de datos personales y por ende a la transparencia. Quienes ayer se sirvieron de las garantías que ofrece el instituto, hoy están convertidos en sus inquisidores y lo ponen en la picota para luego convertirse en sus verdugos y luego quieren ser sus enterradores.
Frase para reflexionar:
“El papel más importante de un líder es establecer una dirección clara, ser transparente sobre cómo llegar allí y mantener el rumbo”
Irene Rosenfeld, empresaria estadounidense, (1953-)
Gerardo Hernández Ibarra
Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades.
Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador.
Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013.
En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
