Consecuencia del priismo que por décadas controló al país, los presidentes mexicanos se erigieron en figuras omnipotentes, bañadas del misticismo forjado a base de millonadas presupuestales y de la amenaza de ser amo y señor de todo el territorio.
Hoy, el culto al primer mandatario goza una especie de resurgimiento, entendido primero por el desgaste del último espécimen del PRI y por esa dosis de carisma que fascinó a Weber y que explaya Andrés Manuel López Obrador: si algo va bien, es gracias al presidente; si la cosa no mejora, es culpa del mismo señor.
Este discurso, que encuentra su origen el presidencialismo mexicano (las facultades legales y extralegales del Ejecutivo), ha servido para entender el funcionamiento del sistema político, el reparto del poder público y hasta el comportamiento de las fuerzas de oposición, pero también para que todo burócrata esconda su responsabilidad detrás del presidente.
Un día cualquiera, el gobernador de la entidad que usted prefiera dirá que el problema de la inseguridad pública es tan amplio que se requiere de la colaboración y la coordinación con el gobierno federal y que está trabajando para profesionalizar a las policías a su mando (dicho sea de paso, pedirá mando único o que aumente el número de elementos municipales, dependerá ello del personaje). Por la tarde, el mismo gobernador podrá aclarar, con razón jurídica en mano, que eso del crimen organizado y del narcotráfico no es bronca suya pues escapa a su jurisdicción.
Hacia finales de año, ese sujeto en el que pensó dirá que se requieren más recursos federales para luchar contra la violencia del narco (esa misma que él ha declarado no poder combatir independientemente del dinero que haya recibido en su sexenio a través de fondos federales).
De los presidentes municipales la cosa está tantito peor porque son realmente pocos quienes reconocen la importancia de las tareas de prevención que tienen las corporaciones policiacas a su cargo.
En el imaginario, nada pueden hacer jueces, magistrados, ministros, fiscales, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, agentes del ministerio público y cualquier otro personaje que detente una función pública si se les compara con el investido con la banda presidencial.
A propósito del primer año de gobierno de López Obrador, el semanario Zeta ofreció un análisis del impacto del nuevo gobierno en el número de homicidios dolosos en Baja California. A pesar de la llegada de la Guardia Nacional y de los recursos destinados a la seguridad, concluye Zeta, la reducción de homicidios fue mínima de 2 mil 890 personas asesinadas en 2018 a 2 mil 668 en 2019 (en el periodo enero-noviembre para ambos años).
Resulta más que justo cuestionarle al Ejecutivo federal por los resultados y por los tremendos yerros de su administración. Igualmente justo y necesario, es exigir cuentas a los demás servidores que igualmente perciben un salario y tienen un mandato constitucional que aceptaron y juraron cumplir.
Sin ignorar que AMLO prometió una y otra vez eliminar la violencia y sustituir los balazos, me parece necesaria la balconeada recetada desde Palacio Nacional a los mandatarios estatales que no van a las reuniones diarias de seguridad.
Aun cuando no haya indicadores todavía de la utilidad de este ejercicio, estoy convencida de que el mero hecho de conocer de primera mano el número de personas asesinadas día con día debe tener impacto en los servidores que ahí participan.
Pero creo que en aras de fortalecer de verdad el federalismo es necesario que rindan cuentas de su labor los integrantes de poderes judiciales de todo el país para que nos expliquen, por ejemplo, por qué el sistema penal acusatorio que en teoría funciona en pleno desde junio de 2016, no ha logrado combatir la impunidad. El artículo Impunidad en homicidio doloso 2018 publicado en Animal Político, muestra que a nivel nacional solo uno de cada diez homicidios dolosos es castigado.
Una buena señal es que el Poder Judicial haya aceptado el nepotismo y empezado a poner candados para la contratación de familiares y con ello garantizar el ingreso de los más capaces; pero hay todavía mucho trecho por recorrer.
También se requiere que desde las fiscalías generales de México nos digan porqué siguen cayéndose los casos por la pésima integración de las carpetas de investigación, porque se acumulan los informes policiales hechos casi a calca o porque aparecen de forma cotidiana torturas y violaciones a derechos humanos.
¿Cómo podemos pasar a un régimen que de verdad castigue el crimen si los encargados de las cárceles ceden su control a los propios grupos de la delincuencia?
Si a muchos preocupa el rating de las mañaneras presidenciales, un buen comienzo es pedir que cada ejecutivo local tome la parte de responsabilidad que le corresponde y desquite su sueldo.
DESDE LA FRANJA. Por extraordinaria ocasión el colofón de hoy no se refiere únicamente a Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde aquí, me sumo al deseo para que quienes tienen familiares desaparecidos puedan encontrarles pronto.
Itzel Ramírez
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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