Después de una vida de trabajo activo, una persona, tiene el derecho a retirarse para vivir el último trayecto de su vida de forma digna. En México, desde 1917, se definen derechos específicos a los que el Estado Mexicano está obligado proteger y garantizar. De esta forma, nuestra Constitución hace un reconocimiento a los derechos sociales de los trabajadores, como lo es la seguridad social.
En este sentido, el sistema de pensiones de 1973 cumplía con este derecho, en el que las y los trabajadores podían jubilarse a los 65 años con el 100% de su salario promedio. Pero, qué pasó en 1997, en el sexenio de Zedillo. Básicamente, Zedillo siguió con las políticas neoliberales de su antecesor Carlos Salinas de Gortari.
Ambos implementaron al pie de la letra las instrucciones de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, que indicaba que el camino a seguir consistía en una estrategia mediante la cual el Estado debía apoyar al mercado de libre competencia, para según caminar rumbo al desarrollo. Esto, se resume en que el estado estuviera poco dispuesto a intervenir, dejando que los mercados funcionen por sí solos, y no realizar actividades de producción o proteger artículos cuya importación resultase más barata; y someter la intervención estatal a la disciplina del mercado internacional. En esta lógica, las pensiones de los trabajadores debían ser dirigidas y administradas por los bancos, para generar mayores rendimientos al realizar inversiones con los recursos de los trabajadores.
De esta forma Zedillo, bajo el pretexto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaba endeudado y era incapaz de pagar las pensiones de los trabajadores en 1997, entró en vigor la “Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro“. Lo cual significó la privatización del sistema de pensiones, y como resultado la privatización de la seguridad social en México. Este sistema sustituyó al sistema de pensiones de 1973, creándose la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Sin embargo, este sistema privatizado de las pensiones de las y los trabajadores, no cumplió con el objetivo de generar pensiones dignas, y se volvió obsoleto. Desde los primeros años de operación, las Afores invirtieron los recursos en instrumentos financieros de deuda, a corto plazao (CETES), que fueron increíblemente usados para el pago de gasto corriente o cubrir pasivos.
En el 2007, siguió la reforma de Felipe Calderón al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y prosiguieron la individualización de cuentas para el retiro de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS (2008). Y en 2010, los contratos colectivos nuevos de los trabajadores de la aviación modificaron sus pensiones. Ninguna de estas reformas ha mejorado las pensiones de los trabajadores.
En diciembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, modifica la Ley del Seguro Social para que se incrementarán paulatinamente las aportaciones obligatorias de los patrones; pasando de una tasa del 6.5 % del salario base de cotización al 11. 8 %. En el 2020, se logra reformar para que las comisiones que cobran los bancos por las Afores, bajen sustancialmente, pues eran comisiones muy altas, que no se cobran en otros países. Y la actual iniciativa de reforma a la Constitución en materia de pensiones garantizará la entrega al 100 por ciento del último salario obtenido por trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Con estas iniciativas y logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se esta en camino de recuperar el derecho de las y los trabajadores a disfrutar de una pensión de retiro digna, para vivir con mayor tranquilidad al tiempo del retiro. Definitivamente, la seguridad social es un derecho y, lo que se ha visto hasta el día de hoy, es que la privatización a través de los instrumentos del Afore, no han funcionado, lo cual esta comprobado inclusive desde el año 2008.
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
