En octubre de 2021, el gobierno federal y el entonces recién estrenado gobierno estatal de Chihuahua, convinieron con agricultores de la región centro-sur que integraban el movimiento de defensa del agua, poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2020, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció que con la almacenada en la presa la Boquilla, se pagaría a Estados Unidos parte de la cuota quinquenal pendiente derivada del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica, del 3 de febrero de 1944 (el Tratado).
El Tratado prevé una aportación quinquenal de agua de México a los Estados Unidos por un volumen de 431.7 millones de metros cúbicos y hace dos años corría el ciclo 35, el cual venció el 24 de octubre de 2020. Por la toma de la citada presa por los agricultores chihuahuenses, la Conagua tuvo que recurrir, para cumplir con el compromiso internacional con E.U.A., a extraer agua de presas internacionales como la Amistad y Falcón, ubicadas en Coahuila, así como a aumentar el porcentaje de líquido que les correspondía a algunos ríos tributarios.
En aquella ocasión el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la administración del Presidente Donald Trump por su solidaridad y comprensión de las dificultades internas que enfrentaba nuestro país, para saldar el pago de agua pendiente. Finalmente, además de cumplirse con el pago del ciclo 35, también se cubrió el déficit de 324 millones de litros cúbicos que venían arrastrados del ciclo 34, correspondientes al sexenio anterior. Se superó el conflicto y se logró la liberación de cuatro agricultores detenidos por las protestas. Tristemente como secuela de la revuelta, perdió la vida la esposa de un agricultor, madre de tres hijos.
Sin embargo, un aspecto positivo que quedó del conflicto fue el compromiso que adquirieron los Estados Unidos y México de revisar en este 2023, las reglas del Tratado de Aguas Internacionales de 1944. Si bien es cierto que el año pasado llovió copiosamente en el Estado de Chihuahua, garantizando el abasto por lo menos para el presente ciclo agrícola, el multicitado Tratado no obstante su elasticidad, ya resulta insuficiente para responder a la potencial problemática que se asoma. Es evidente que en la década de los 40’s, época de abundancia de agua en los ríos Colorado y Bravo, no previeron quiénes redactaron el Tratado, la prolongada sequía de los últimos 20 años registrada en la región fronteriza.
El crecimiento demográfico, el cambio climático y la ausencia de inversión en infraestructura han alterado la situación hídrica de la frontera, que demanda atención inmediata de los más altos niveles de gobierno y ya no sólo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que precisamente se estableció para administrar las cuencas de 450 mil millas cuadradas de los ríos Grande y Colorado.
De 1944 a la fecha, en la frontera la población ha aumentado de 560 mil a 10 millones de personas, se ha establecido una industria manufacturera integrada a cadenas de producción internacionales que demanda el líquido y actividades como la agricultura de riego, la ganadería y la minería han crecido significativamente.
Todos estos factores, así como la grave problemática hídrica que también se vive en los Estados Unidos, como la caída en los últimos 20 años del nivel de agua del lago Mead, uno de los principales afluentes que alimentan al, río Colorado demandan una planeación binacional conjunta de mediano y largo plazo, que actualice las reglas de reparto, las tareas de conservación de especies, la preservación de los ecosistemas y sobre todo, haga efectivo el derecho humano de un acceso al agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, para uso personal y doméstico, tal y como lo establece nuestro artículo 4 constitucional.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
