Nuestra nación atraviesa por una crisis de seguridad inaudita a pesar de los esfuerzos por contrarrestarla; mientras desde los gobiernos federal y locales se lanzan estrategias que, hasta ahora, resultaron inútiles, la sociedad civil comenzó también a mover sus engranes con la finalidad de autoprotegerse ante el amenazante riesgo que enfrenta.
Los hechos violentos que ocurren en diferentes puntos de nuestro país continúan lacerando el espíritu de la sociedad mexicana, que parece no encontrar sosiego ante el cúmulo de circunstancias adversas que los ciudadanos enfrentan en diferentes territorios.
Nuestra nación atraviesa por una crisis de seguridad inaudita a pesar de los esfuerzos por contrarrestarla; mientras desde los gobiernos federal y locales se lanzan estrategias que, hasta ahora, resultaron inútiles, la sociedad civil comenzó también a mover sus engranes con la finalidad de autoprotegerse ante el amenazante riesgo que enfrenta.
El resultado de años de impunidad, corrupción e indolencia gubernamental se cierne ahora sobre los habitantes de diferentes comunidades asoladas por el crimen organizado, cuyos integrantes son extremadamente violentos y suelen alcanzar sus objetivos a punta del uso de sus “cuernos de chivo”.
Más aun, los nuevos integrantes de los grupos criminales, que también son producto del prolongado abandono oficial, vienen ya impregnados por un fanatismo mortal que los convierte en la carne de cañón ideal para misiones suicidas.
Ante tales contrincantes, los ciudadanos comunes deben renunciar a vivir con la libertad y tranquilidad que, se supone, deben tener en un país con etiqueta democrática como el nuestro.
Poco a poco, el espacio público se redujo al grado de que en muchas regiones del país los territorios son dominados por las armas y la fuerza, no por el derecho y la justicia.
Un claro ejemplo de lo que ocurre es el estado de Guerrero, donde organizaciones del narcotráfico asolan hasta el extremo a varias comunidades, ante el hecho de que las autoridades las dejaron prácticamente a su suerte, el resultado fue uno muy lógico, sus habitantes tomaron las cosas en sus propias manos.
Ante la sentida desprotección de las policías, las personas experimentan con nuevas formas de autoprotección, muchas de ellas están totalmente fuera de la ley, pero se trata de sobrevivir. Combaten el fuego con fuego en el mismo terreno que los delincuentes: la ilegalidad.
Los habitantes de Guerrero llegaron al límite de su tolerancia y rompieron el pacto social para defenderse de grupos de narcotraficantes que pretenden apoderarse de sus vidas, así como ocurría entre conquistadores y conquistados hace cientos de años.
En las comunidades de Rincón de Chautla, Ayahualtempa y Zacapexco mujeres ya fueron integradas a las policías comunitarias, pero la situación es tan grave que incluso infantes son adiestrados en estrategias de defensa contra criminales.
El tema llamó la atención internacional, sobre todo por las fotografías donde menores de edad aparecen blandiendo armas de fuego y en posiciones tácticas de combate. Serían extraordinarias escenas para una película, pero forman parte de la aterradora realidad que se vive en esas poblaciones.
La violencia es tan cotidiana que más policías comunitarios, donde se incluyen mujeres, comenzarán a vigilar pronto otros poblados en Guerrero, entre los que se encuentran Tula, Zacapexco, Ayahualtempa, Paraíso de Tepila, Alcozacan, Xicotlán, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, Xochitempa y Ahuehueitec.
Su principal objetivo, informaron los mismos pobladores, es detener a los informantes de los criminales y a integrantes de las células de la delincuencia organizada que operan en torno a sus hogares.
Lo peor es que esta situación no es nueva. Fue desde el 2015 cuando las policías comunitarias comenzaron a defender el territorio de Chilapa, donde un grupo conocido como Los Ardillos mantiene una guerra por el control de las rutas para el trasiego de drogas.
¿Y las autoridades qué papel juegan en todo este conflicto?
Al parecer no el que deberían para catalizar las amenazas que ahora mantienen a los guerrerenses en vilo.
Da la impresión, bajo todas estas circunstancias, de que en México se está desarrollando una guerra civil entre compatriotas, ciudadanos contra numerosos y poderosos criminales, mientras el gobierno se dedica a atestiguar tales confrontaciones sin meter las manos, como es su obligación.
Los niveles y los hechos de violencia llegan a tal grado, que incluso los espacios escolares en otras poblaciones son considerados como inseguros, lo que acota todavía más la esperanza de superar la densa crisis en la que está sumergida el país.
La incursión de un menor de edad armado, que mató a su maestra para suicidarse después de dejar a otras cuatro personas heridas en un colegio de Torreón, Coahuila, puso en el ojo público la situación.
Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que la violencia en las escuelas mexicanas es cotidiana y común.
En los años recientes, expresó la instancia, los planteles educativos presentan riesgos para las comunidades escolares.
A través de un comunicado, la CNDH afirmó que las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron incapaces, desde hace varios años, de garantizar a la población una convivencia pacífica. Eso podemos experimentarlo todos los días.
El fenómeno de la violencia dentro de las escuelas obstruye la enseñanza de los alumnos y sus relaciones sociales, pero además contribuye al desarrollo de problemas psicológicos y de integración social.
Es precisamente el espacio educativo el que posee un papel primordial en el proceso para eliminar la generalizada violencia que agobia a los mexicanos a través de acciones contra los factores que la provocan, así como minimizar su promoción y normalización.
Sin embargo, si los planteles tampoco son seguros para la infancia y adolescencia de este país, entonces ¿qué rincón queda para pertrecharse contra la criminalidad? La respuesta no parece fácil de encontrar.
Martín Orquiz
Periodista en Ciudad Juárez, desde donde ha publicado para el periódico El Fronterizo, El Diario de Juárez y la revista Newsweek. Se ha desempeñado como reportero, coordinador de información y editor. Es comunicólogo por la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene una maestría en periodismo por la Universidad de Texas en El Paso. Recibió el Premio María Moors Cabot 2011 –en equipo con la redacción de El Diario de Juárez–, también es coautor del libro colectivo ‘Tu y yo coincidimos en la noche terrible’
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