Actualmente en el estado somos víctimas de una crisis que si bien no tiene una estrecha relación con factores económicos, encuentra lastimosamente su origen en motivos que vulneran los derechos más básicos de las personas; la crisis humanitaria que implica el desplazamiento interno forzado de personas, ha ido cambiando de motivos: este fenómeno se ha dado a lo largo de la historia por motivos de desastres naturales, persecución ideológica, conflictos de tierra, hasta llegar más recientemente a darse con motivo de fines más deleznables.
Ahora bien, de acuerdo con los Principios rectores del desplazamiento interno forzado de la Organización de las Naciones Unidas, se habla de alguien que es víctima de desplazamiento interno, aquella persona o grupo de personas quienes se ven obligadas a escapar o a huir de su lugar de residencia como resultado o para evitar los efectos de un conflicto, de actos de violencia, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
Quien sufre de desplazamiento forzado, es obligado no solo a cambiar su lugar de residencia, sino a cambiar de manera drástica sus condiciones de vida y las de su familia, careciendo del acceso a la justicia y perpetuando una serie de violaciones a los derechos humanos.
Precisamente partiendo de lo anterior, hace poco más de un año se consideró oportuno plantear al interior del Congreso del Estado, una iniciativa a fin de dar un primer paso hacia el reconocimiento de este problema y la certeza jurídica de las personas. Este 20 de diciembre, podemos decir con profunda satisfacción que, el Pleno de nuestra Asamblea Legislativa ha tenido a bien aprobar la inclusión del desplazamiento forzado interno, en el Código Penal del Estado.
En un espacio plural en el que más de una ocasión hemos debatido, y siendo un espacio en el que se externan profundas diferencias, celebramos el reconocimiento que se otorga a las víctimas y la lucha que este paso significa para la impartición de justicia. Este grave problema es grave no solo en el ámbito nacional sino que contraria las disposiciones de derecho internacional.
Esta reforma sin duda debe acompañarse de esfuerzos mayores que se traduzcan no solo en un ordenamiento especializado, sino de la suma de voluntades de las autoridades por erradicar esta conducta asistiendo a las víctimas y permitiendo su reinserción social acompañada de la reparación del daño y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Tal como lo ha establecido la Corte Constitucional de Colombia: “Todo un estado de cosas inconstitucionales se configura alrededor de quien es desplazado” por lo que es de celebrarse el avance legislativo que coloca a Chihuahua como una de las pocas entidades que se suman al combate de esta transgresión a los derechos humanos.
Es por ello que hoy podemos celebrar por lo alto el esfuerzo que la Mesa Interinstitucional de la Comisión de Justicia, que además de unificar esfuerzos de instituciones y organizaciones estatales contó con la presencia de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados Precisamente, cierro con esta frase del Alto Comisionado, Filippo Grandi quien al respecto dice que “En un mundo en conflicto, lo que necesitamos es determinación y coraje, no miedo”.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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