Hay quienes han adoptado como deporte, incluso como religión (los más radicales), decir NO a todas las propuestas o iniciativas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninguna les parece.
Concediéndoles que el mandatario es falible, tan humano como buen presidente, y que algunas de sus decisiones pueden ser modificadas e incluso dar marcha atrás sin que ello demerite su quehacer gubernamental, puedo afirmar, sin lugar a duda, que la gran mayoría son tomadas en base un análisis concienzudo de la problemática atacar presidente.
No solo eso. Por lo general, tienden a resolver problemáticas diversas en una sola acción. En este caso me quiero referir al decreto para regularizar los vehículos automotrices internados de manera ilegal a nuestro país, que se aplicará en los estados de la frontera norte y que es verdaderamente una jugada de tres bandas de nuestro presidente.
En primer lugar, lo que se pretende es dar cauce legal a la circulación de cientos de miles de vehículos que ya se encuentran en territorio nacional y que representan problemas de muy diversa índole para los gobiernos y para los ciudadanos en general.
El costo anunciado por el Presidente López Obrador para la regularización de estos vehículos, de 2 mil 500 pesos, está realmente al alcance de todos, es decir, se pretende que el mayor numero de personas en posesión de un auto “chueco” puedan “enderezarlo” y convertirlo en parte de su patrimonio. Siempre se busca el bien de las mayorías.
En materia de seguridad los beneficios son enormes, porque esos vehículos que actualmente circulan sin identificación alguna o con identificaciones que no son fiables, se ven involucrados en la comisión de un sinnúmero de delitos y no se les puede rastrear o se dificulta hacerlo. Al ser regularizados, portarán una placa oficial que los identificará y se podrá dar seguimiento a esos casos con mayor facilidad.
Cuántas personas se han visto involucradas en un accidente automovilístico en el que una de las partes circulaba en un vehículo “chocolate” que, por supuesto, no contaba con seguro porque su condición irregular colocaba a su dueño como no apto para contratar una póliza que cubra daños, lesiones o incluso muertes. Al estar registrados los vehículos, sus propietarios podrán contratar esa cobertura y transitar por las calles del estado en un ambiente de mayor seguridad para ellos, otros conductores, peatones y bienes materiales que pudieran resultar afectados, porque al menos tendrán manera de responder a los daños causados en caso de un siniestro.
El presidente anunció que todo el recurso que se recaude por la regularización de vehículos será destinado a mejorar las calles de las ciudades en las que éstos circulan, ya sea en bacheo y/o pavimentación. En anteriores procesos de regularización, los recursos iban directamente a las arcas del Gobierno Federal y era poco probable que hubiera un impacto directo de esa recaudación en los municipios que, es bien conocido, padecen, todos, de la mala condición de sus vialidades. Otro beneficio que se extiende a la mayoría de los ciudadanos.
Pero no solo los ayuntamientos gozarán de un impacto directo en sus finanzas, también las arcas estatales tendrán mayores ingresos, porque todos los autos serán registrados en el padrón estatal y estarán sujetos al pago de derechos vehiculares. Y son cientos de miles en cada entidad federativa, así es que podemos ir haciendo cuentas y el Gobierno del Estado puede ir planeando que fin dará a esos recursos. Bien podría reforzar los programas de bacheo y pavimentación municipales.
Otro de los impactos positivos de este proceso de regularización es el del combate a la corrupción. La estancia de los autos “chuecos” en territorio nacional se convirtió en un jugoso negocio para las organizaciones comúnmente conocidas como “pafas”, que expiden un documento, ya sea una placa o una calcomanía, para supuestamente amparar la circulación de esos carros por las calles de nuestras comunidades, lo cual no ocurre porque no hay sustento legal para ello y, en la mayoría de los casos, con un costo más elevado que el que se contempla para la regularización definitiva. El dinero recaudado por los “pafos” va a manos de particulares que, a pesar de que reciben cifras millonarias, ni siquiera responden por sus “agremiados” a la hora de que sus vehículos son decomisados.
Además, el conductor de un auto “chocolate” es víctima fácil de agentes corruptos de Tránsito, Vialidad e incluso de policías de todos los niveles, que los ven como blanco fácil para la aplicación de “mordidas”. No se ocupan de que esos autos no circulen, sino que piden dinero a los conductores para permitirles seguir transitando. Una vez regularizado el auto, esas coacciones son menos probables.
No obstante todo lo descrito en los párrafos anteriores, hay quienes, como mencionaba al principio de este escrito, descalifican la propuesta presidencial a priori, sin análisis y sin sustento, convierten en perjuicios todos los beneficios y pretenden boicotearla. No lo permitamos, esos agoreros del desastre, catastrofistas de ocasión, son como la gata Flora… y aunque muchos de ellos se creen de angora, realmente ni siquiera eso son. Se los dejo de tarea.
Pedro Torres
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