El pasado miércoles 24 de abril, en el recinto del Senado de la República, el Grupo de Trabajo Plural de seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo en la estación migratoria Lerdo-Stanton ubicada en Ciudad Juárez Chihuahua, rindió su informe final, con el que se dieron por concluidos los trabajos que poco más de un año antes le encomendó la Junta de Coordinación Política del mismo órgano político.
Como es del conocimiento público, antes, durante y después de ese trágico incendio del 27 de marzo de 2023, sucedieron una serie concatenada de acciones y omisiones violatorias de derechos de las personas en contexto de movilidad, tutelados por nuestra Constitución Política, leyes ordinarias, así como Tratados y Convenciones Internacionales de las que México forma parte, las que dieron como resultado 40 víctimas fallecidas y 27 heridas.
El citado informe consigna las acciones realizadas por el grupo especial parlamentario, entre las que se incluyeron entrevistas con víctimas sobrevivientes y sus familiares, reuniones con las dependencias de las administraciones públicas de los tres ordenes de gobierno, visita física al lugar de los hechos y reuniones con organismos y asociaciones de derechos humanos que manifestaron interés o se constituyeron como representantes de las víctimas. Es importante resaltar que el multicitado informe fue suscrito unánimemente por los senadores designados por todas las fuerzas políticas que lo integraban.
Dentro del capítulo de actividades de trabajo específicas del grupo, consistentes en entrevistas con las autoridades involucradas o con competencia para investigar los hechos, debe señalarse que se contó con la colaboración de algunas de ellas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua, las que mediante diversos funcionarios comparecieron ante el grupo especial de trabajo; no así con otras como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de Migración o la propia Secretearía de Gobernación, las que no obstante nuestros múltiples llamados, declinaron las solicitudes, lo que dio lugar a la presentación al pleno del Senado de la República de un punto de acuerdo con un extrañamiento formal.
Dentro de las conclusiones y recomendaciones del informe a las diversas autoridades involucradas, las más importantes son las siguientes.
- Presentar una propuesta de rediseño de la política migratoria y la movilidad humana en México, especificando qué autoridades serían las responsables en la materia y cómo sería la coordinación entre las mismas;
- Vigilar que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cumplan con la reparación integral del daño a cada una de los afectados;
- Suspender del cargo en los términos propuestos en el reporte (respetando el principio de presunción de inocencia), al titular del Instituto Nacional de Migración, con el fin de no obstaculizar las investigaciones de carácter administrativo y penal que realizan las autoridades correspondientes;
- Dar seguimiento y reportar los avances de las recomendaciones que les fueron enviadas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y
- Coordinar trabajos con el Congreso de la Unión, para evaluar las modificaciones normativas expuestas en el propio reporte.
Este reporte sólo será útil si es atendido por las autoridades competentes. Lo acontecido en la Estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez Chihuahua el 27 de marzo de 2023 pudo haberse evitado. Antes de ese día, en los 6 años anteriores, sucedieron 8 incendios en estancias migratorias (uno ahí mismo), sin haberse realizado mejoras físicas ni operativas. Se debe mejorar la infraestructura de las estancias migratorias y los protocolos de actuación, desde las detenciones hasta la reparación del daño a las víctimas.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
