La organización World Justice Project, elabora anualmente el índice de Estado de Derecho (IED), el cual es una evaluación sobre la adherencia al Estado de derecho en el mundo, desde una perspectiva ciudadana; el IED evalúa 128 países.
Antes de describir cuáles son los resultados 2020 para el caso mexicano, es importante describir qué es el Estado de Derecho y que mide dicho índice. El Estado de derecho es la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, se refiere al marco jurídico que garantiza derechos elementales, es decir, considera los niveles de justicia, impunidad y respeto a los derechos básicos de la sociedad.
En este sentido, el IED evalúa el desempeño de las instituciones de cada nación a través de factores como: Justicia, Corrupción, límites del poder gubernamental, seguridad y derechos fundamentales. En la edición 2020 México se posicionó en el 104 lugar de 128 países en el mundo y en el 26º sitio de los 30 países evaluados en América Latina y el Caribe.
México se encuentra bien evaluado en materia Gobierno Abierto, sin embargo, presenta serios retos en materia de Corrupción, Orden y Seguridad y, Justicia Penal.
A nivel mundial los países mejor evaluados son Dinamarca, Noruega y Finlandia, destacando en ausencia de corrupción, seguridad y derechos fundamentales. En América Latina y el Caribe, los países mejor evaluados son Uruguay, Costa Rica y Chile.
Más allá de los resultados para México en este índice, recientemente se ha cuestionado el Estado de Derecho mexicano, especialmente tras la propuesta del ejecutivo por modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación según cada dependencia considere pertinente, esto es, sin evaluación, sólo justificado por la crisis económica. En una propuesta de apenas seis páginas, el ejecutivo Federal busca una reforma que le permita justificar los “recortes” y la “reorientación” de recursos sin previa aprobación del congreso.
Según los oponentes, esta es una clara declaración de dictadura y búsqueda del poder absoluta y se cree ninguna crisis por más grave que sea justifican los actos autoritarios del presidente. Sin lugar a dudas, sigue siendo un gobierno de buenas intenciones quizá, pero por mucho alejado al respeto a las mayorías, a la ciudadanía y peor aún a las leyes.
En definitiva, se requieren acciones concretas, soluciones a la crisis anunciada. una crisis que generará desempleo, hambre, inseguridad y descontento social, sin embargo, se debe buscar que dichas acciones respeten el estado de derecho, es decir, sean acciones legales, que busquen la igualdad y derechos ciudadanos y sobre todo, que no propicie corrupción e irregularidades en el uso de los escasos recursos disponibles.
Nancy Carbajal
Lic en Economía de la UACJ y Candidata al Grado de Maestra en Ingeniería Económica por la Universidad la Salle. Columna semanal sobre temas de economía, finanzas, política y sociedad.
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