Durante los gobiernos del PRI y PAN, las estancias infantiles ofrecían un servicio accesible para muchas madres trabajadoras. Aunque era un modelo útil, tenía fallas significativas. Al estar administradas por privados no solamente aumentaba el nivel de corrupción en las licitaciones y concesionarios sino que además las guarderías no siempre contaban con supervisión adecuada, lo que resultó en casos lamentables como la tragedia de la Guardería ABC. Además, estas estancias no alcanzaban a cubrir a todas las familias, dejando fuera a muchas que no estaban afiliadas al IMSS o ISSSTE.
Desde mi óptica como madre trabajadora y abogada comprometida con la defensa de los derechos de las personas, sé lo difícil que puede ser encontrar un lugar seguro y confiable para dejar a nuestros hijos e hijas mientras salimos a trabajar. Este tema no solo toca el ámbito familiar, sino también el acceso a derechos fundamentales como la educación y el cuidado infantil. Por eso, quiero focalizar el tema sobre los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil que está promoviendo el gobierno actual, comparándolos con las estancias infantiles y guarderías que operaban en el pasado.
Ahora, con la implementación de los CECI (Centros de Educación y Cuidado Infantil) se busca un enfoque más integral, equitativo e inclusivo. Me parece positivo que prioricen a familias en comunidades rurales, indígenas o en situación de pobreza, porque son sectores que históricamente han estado marginados. También valoro que incluyan programas educativos que estimulen el desarrollo temprano de los niños y niñas, algo esencial para garantizar su derecho a una educación de calidad desde la primera infancia.
Sin embargo, desde mi perspectiva como abogada, también veo áreas que generan preocupación. La transición del modelo anterior al actual no fue planeada de manera óptima, dejando a muchas familias en incertidumbre y sin alternativas inmediatas. Además, me pregunto si el gobierno podrá garantizar la infraestructura, los recursos y la capacitación necesaria para que estos nuevos centros realmente cumplan con su propósito.
En este sentido, considero que el gobierno tiene la obligación legal y moral de garantizar que este modelo no solo exista, sino que funcione de manera eficiente. No basta con la intención de reducir desigualdades; es necesario garantizar que cada niño tenga acceso a un entorno seguro, digno y adecuado para su desarrollo.
A pesar de estos retos, reconozco el potencial de este cambio. Desde mi punto de vista, los CECI representan una oportunidad para avanzar hacia un modelo más justo, en el que todas las familias, independientemente de su situación económica o social, tengan acceso a servicios de calidad. Sin embargo, es fundamental que el gobierno escuche a las familias y ajuste su estrategia para corregir los errores de implementación.
Debemos tomar lo mejor de ambos modelos: la inclusión y el enfoque educativo del modelo actual , junto con la accesibilidad y flexibilidad que tenían las estancias infantiles anteriores. Lo más importante es que el bienestar de nuestros niños y niñas sea la prioridad y que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar sus derechos.
Estoy convencida de que cualquier esfuerzo que se haga para proteger y beneficiar a nuestros niños y niñas vale la pena, pero este esfuerzo debe ir acompañado de compromiso, planificación y responsabilidad. Porque al final del día, no importa quién esté en el poder, lo esencial es asegurar un futuro más justo para las niñas y niños de México.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
