Todos los días nos informan en los medios de comunicación y en redes sociales los delitos que aquejan a nuestra sociedad. Con la entrada al gobierno en 2018 como Presidente de México del Lic. Andrés Manuel López Obrador, aumentó en la televisión abierta la información que antes no se daba con tantos datos. De tal manera que las televisoras más importantes de México como Televisa y TV Azteca, transformaron sus noticieros -que eran de carácter político halagadores del gobierno federal- convirtiéndolos de color rojo. Las matanzas, los asaltos, los secuestros, la corrupción y la impunidad son los titulares diariamente, también de la prensa escrita.
Hace unos días la plataforma de películas, series y documentales Netflix, lanzó a su concurrido auditorio la miniserie sobre el caso “Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, que denuncia con claridad la infame complicidad entre la televisora Televisa y su protegido conductor de noticias en las mañanas Carlos Loret de Mola, cuando en diciembre del año 2005, a nivel nacional, transmitía en vivo la detención de dos secuestradores y la liberación de tres personas en un lugar denominado “Rancho Las Chinitas”.
Fue un escándalo que involucraba a una joven mujer de nacionalidad francesa identificada como Florence Cassez, junto con su novio de nacionalidad mexicana Israel Vallarta. Recuerdo en ese tiempo la manera en que todos los medios transmitieron la noticia como verdadera. Loret de Mola se ganaba más admiración por la primicia y era apoyado por Joaquín López Dóriga en el noticiero nocturno. Incluso el suscrito escuché varias veces a López Dóriga, afirmar que la francesa se dedicaba a secuestrar gente.
Pero al público televidente y a los reporteros de la nota roja que arriesgan su vida en la calle, no cuadraba la detención como se lleva a cabo regularmente por las autoridades. Posteriormente se demostró que efectivamente se trató de un perverso montaje de la policía federal encabezada por el Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que actualmente se encuentra tras las rejas en los Estados Unidos de Norteamérica, por narcotráfico, en complicidad con el cártel de Sinaloa y declaraciones falsas ante autoridades norteamericanas, entre otros delitos.
En la miniserie se dan a conocer declaraciones del entonces presidente de Francia Nicolas Sarcozi, quien no cesó en su afán de liberar a su conciudadana, por la vía de Tratados Internacionales entre ambos países, recibiendo por contestación que sí se podía y después que siempre no. Dice en la entrevista que la negativa del presidente Felipe Calderón quien cambió en su postura de colaborar se debió por la intervención de Genaro García Luna, prohibiendo estrictamente llegar a un acuerdo bilateral internacional.
Después de agotar los medios judiciales se le ocurrió a la defensa de Cassez promover la violación de sus derechos humanos porque no se cumplió con la formalidad de dar aviso a la Embajada Francesa, ni que se le haya puesto un perito intérprete de su propio idioma, entre otras acciones de las autoridades que viciaron el debido proceso penal. Por lo que motivó y fundamentó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, los ministros ordenaron la liberación inmediata de la francesa por mayoría de votos, entre ellos el actual presidente de la SCJN Arturo Zaldivar y la senadora Olga Sánchez Cordero. Motivando y fundando su resolución en que el montaje desvirtuó las investigaciones y que los testigos cayeron en contradicciones que pusieron en duda la culpabilidad de Cassez.
Esta miniserie viene a caer como bomba en nuestro país para el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República que los exhibe como autoridades corruptas y que no son de confiar los jueces penales, ni tampoco la policía investigadora adscrita a la fiscalía (antes PGR). El caso de Cassez-Vallarta exhibe una parte de lo que los abogados enfrentamos diariamente en los juicios penales: las violaciones al debido proceso.
Cabe mencionar, que las órdenes de aprehensión cuando no se ejecutan es porque los imputados pagan elevadas cantidades a los policías y agentes del ministerio público para evitar las detenciones. Contrariamente detienen a personas inocentes y torturándolas es como concluyen sus “investigaciones”. La tortura es utilizada en los delitos penales de alto impacto.
En el actual gobierno federal es muy positivo que el presidente AMLO no intervenga en el poder judicial y que denuncie públicamente la corrupción para que el pueblo -que somos todos-, nos involucremos con sensibilidad en este tema y exijamos que se imponga la justicia y el derecho.
Héctor Molinar Apodaca
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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