En una carta enviada a los presidentes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cerca de 40 firmantes entre los que figuran Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Javier Quijano, Ifigenia Martínez, Amalia García, Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Martha Tagle, Daniel Giménez Cacho, Guadalupe Loaeza y María Teresa Gómez Mont presentan un documento, titulado “Exigencias mínimas para las elecciones de 2018″, donde sostienen como tesis central que “Las próximas elecciones no pueden ser la repetición de nefastas experiencias que la sociedad ya no soportaría”.
Considero muy importante que se difunda lo que plantean y por tal motivo me atrevo a presentar, por razones de espacio, un resumen de las exigencias, a las cuales desde luego me sumo, el documento integro lo pueden consultar aquí.
“En los últimos años, los procesos electorales de nuestro país se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza. La sociedad mexicana puede dar testimonio del dispendio de recursos públicos y de otras actividades ilícitas que redundan en coacción, compra del voto y prácticas fraudulentas que vuelven ilegítimos los resultados de los comicios.
El multimillonario desvío de recursos en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas; la participación de miembros del gabinete federal; la inaceptable omisión de las autoridades financieras del país; la apertura de procesos penales a modo contra ex gobernadores; y las represalias contra funcionarios que con autonomía han investigado estos hechos, demuestran la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país.
Preocupados por el ejercicio pleno de los derechos políticos y la credibilidad de las instituciones, y ante la imposibilidad constitucional para realizar reformas electorales, este grupo de ciudadanas y ciudadanos propone medidas que, de conformidad con el marco jurídico vigente, permitirían garantizar la emisión del voto de forma libre, razonada y auténtica:
– Publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del INE.
– Promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos.
– Sancionar severamente las campañas negras conforme a los artículos 247, 380, 394, 443, 446, 452 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin menoscabo alguno de la libertad de expresión.
– Instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que pueda alimentarse de forma permanente con datos aportados por la ciudadanía. Se habla de un Sistema Integral de Fiscalización que es preciso, cumpla sus objetivos.
– Coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia, a fin de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales, para perseguir y sancionar la compra y coacción del voto.
– Flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero.
– Verificar de manera permanente a los OPLE en el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el INE, así como la imparcialidad de los vocales ejecutivos locales y distritales, tanto de los Estados como de la Ciudad de México.
– Investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; y de comprobarse, proceder a la destitución del titular.
– Considerar la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”
Finalmente, los firmantes alertan que “Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos” Por mi parte me sumo al llamado y lo hago mío pues México no merece otro fraude electoral.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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