A escasos seis días de que asuma como presidente de México, el controvertido y más férreo opositor del sistema político mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se vislumbra una seria y posible larga disputa judicial por los nombramientos y el trasfondo político de la figura de los ‘superdelegados’ federales nombrados oficialmente hace una semana por el propio presidente electo de la nación.
Por lo pronto, a escasos días que inicie operación la nueva maquinaria del gobierno federal, los partidos políticos de Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), al igual que el PRI y el PAN, según difundió este mismo domingo la agencia Reforma, interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), controversias constitucionales que van en contra de la decisión y la voluntad del presidente entrante del país.
El inusitado giro político ha caído como ‘bomba’ entre la clase política, y tiene de inicio, no solo fundamentar jurídicamente la delegación de facultades y de operación por parte de la figura del Delegado en cada una de las entidades del país, sino de poner un freno a uno de los objetivos que se esconden en el nombramiento de los delegados de cada entidad: el poder convertirlos en automático, en protagonistas y viables candidatos a gobernador de cada uno de los estados.
Ya el secretario general de acuerdos de Movimiento Ciudadano, Jorga Álvarez Máynez y el presidente nacional del PRD, Ángel Ávila acusaron de que algunos de los llamados “superdelegados” con aspiraciones políticas, violentan la soberanía de los estados y las disposiciones constitucionales sobre el ejercicio de los presupuestos.
Al final de cuentas, la intención no es otra, según se puede apreciar con la información que se ha publicado, que una mera estrategia política de control y poder en cada uno de los feudos.
Para los opositores del nuevo régimen político que entrará legalmente en funciones a partir del próximo 1 de diciembre con la toma de protesta del presidente de México, se violan los artículos 41 y 134 constitucionales: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y…” y el respectivo a que “Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”….
Además de que en algunas de las entidades, como en el caso de Chihuahua, los partidos en el poder distintos al de Andrés Manuel López Obrador, también preparan ofensivas legales para reducir el margen de legalidad y de poder político de los ‘súper’ delegados.
Detrás de los nombramientos y la nueva estrategia de operación política por parte del ahora nuevo partido en el poder: Morena, subyace en el fondo aquella frase conocida por todos: ‘No hagas cosas buenas que parezcan malas”.
Y está sustentada de inicio, en la decisión que tomó la mayoría de Morena en el Congreso para avalar la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que algunos consideran la “forma autoritaria” con la que López Obrador quiere gobernar al país.
Una forma de centralizar el poder que, paradójicamente, choca incluso con la nueva y buena intención de AMLO de descentralizar la administración del gobierno federal con recursos económicos y con los delegados para llegar a la población.
Lo demás ya lo puede advertir estimado lector: las pugnas internas por el poder en cada una de las entidades, especialmente en donde los delegados pertenecen a un partido distinto al del origen del gobernador, el celo profesional de los protagonistas y la lucha encarnizada entre las diferentes entidades de gobierno que querrán acreditarse cada centavo y el ejercicio de cada obra pública en los estados de la Republica.
Una controversia constitucional que seguramente hará suficiente ruido y que podría generar más desacuerdos y divisionismo en el esquema de un gobierno que apuesta a la apertura, democracia y a la consulta de todos los proyectos que impactan al pueblo.
Vaya, en el extremo de la posible impugnación y judicialización de la figura de los delegados, la amenaza vertida por el senador Félix Salgado Macedonio, quien señaló que se podría declarar la “desaparición de poderes en los estados donde no se acepte la figura de los delegados”, una declaración muy desafortunada que ni abona, ni beneficia al gobierno federal que toma protesta el próximo fin de semana.
Chihuahua.
El controvertido asunto también ha generado ya en el estado de Chihuahua la oposición de los diputados de la sexagésima sexta legislatura.
El diputado panista y presidente del Congreso del Estado, Jesús Villarreal Macías dijo que la creación de coordinadores de programas federales en las entidades federativas es inconstitucional, y urgió a que la SCJN intervenga de manera rápida para solucionar un “conflicto” en cada una de las entidades del país.
La figura del delegado, pretende aislar a los gobernadores, dijo el legislador del partido blanquiazul en Chihuahua.
Obvio el posicionamiento político de un diputado que forma parte del partido del gobernador en la entidad, Javier Corral Jurado, quien no querrá dividir, ni compartir el poder político.
De entrada existe una lectura clara. En Chihuahua el gobernador Javier Corral no se someterá bajo ninguna línea a la dirección y coordinación del morenista Juan Carlos de la Rosa.
Se apuesta aquí en Chihuahua por la coordinación de trabajos y por las gestión necesaria ante el gobierno federal a través de una plataforma distinta a la figura del delegado.
Chihuahua forma parte del bloque de 12 gobernadores ‘azules’ que pretenden promover también acciones de inconstitucionalidad que consideran violan el estado de derecho y la democracia.
Van por la premisa de que un gobernador es electo por el pueblo y tiene la validez del pueblo y la legitimidad de un proceso democrático, a diferencia de los coordinadores federales que son designados por una persona, alejados de la democracia.
Se verá seguramente en las próximas horas y a contrapelo, el giro que podría tomar la posibilidad de controversia en los tribunales, en una decisión política que marca de arranque al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. (mhs)
Mario Héctor Silva
Periodista y Analista Político.
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