La evolución del Estado, aunque menos dinámica que la de las sociedades en las que se inserta, ha sido natural en las instituciones humanas que pretendan trascender a las personas que las conformaron. Así, la creciente complejidad cuantitativa y cualitativa de las comunidades humanas, ha requerido que las funciones del Estado sean cada vez más especializadas, y que la coordinación entre órganos de naturaleza técnica con los de naturaleza política, sea una condición necesaria para el desarrollo democrático y su proyección en el desarrollo.
La idea ilustrada de la soberanía popular como el núcleo legitimador de cualquier democracia, sin importar la forma de gobierno, y con diversos arreglos institucionales de acuerdo con la tradición histórica y la cultura de cada país, conduce a que haya autoridades encargadas de emitir normas generales y abstractas que deben ser obedecidas por la comunidad (legislan), otras que se encargan de hacer cumplir esas normas además de construir políticas públicas que atiendan los problemas y mejoren las condiciones de vida de la población (administran) y otras más que resuelven controversias, ya sea entre particulares, o entre el propio gobierno y aquellos (juzgan). Estas funciones no son las únicas que se necesitan para garantizar la protección de los derechos humanos y para tender a la construcción del programa político de los pueblos; se han ido completando con otras entidades del estado, que, con sus diversos mecanismos para su conformación, lo fortalecen.
Una de las funciones esenciales del Estado que ayuda a la consecución de las demás, es la fiscalización superior. No es extraño que el primer antecedente que se tiene de límites al poder absoluto de un monarca -un proto constitucionalismo en cierto sentido-, haya tenido como última razón la fiscalización de los recursos, en ese caso, del reino de Inglaterra.
La Carta Magna, impuesta al Juan sin Tierra en 1215 por la nobleza feudal, limitaba la autoridad del monarca sobre los bienes y las tierras, evitando confiscaciones arbitrarias, además de un incipiente control sobre sus decisiones en materia de impuestos. Desde antes del surgimiento del Estado Nación moderno, entonces, las personas han sabido que en el control de los recursos está el límite más tangible del uso del poder.
Hoy en día, fiscalización superior es una materia altamente desarrollada, con una riqueza conceptual y práctica que se nota en todas las entidades superiores de fiscalización; esto es órganos encargados del control externo, sean auditorías, contralorías generales, cámaras de cuentas o tribunales, alrededor del mundo.
En México, la vigilancia del uso de los recursos públicos está inscrita en un sistema de equilibrios que busca eficientar la operación del Estado, previniendo actos de discrecionalidad, ineficiencia y posibles irregularidades por parte de los funcionarios públicos.
Esta labor está conferida, por mandato constitucional, a la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, que en su carácter de órgano técnico especializado está dotado de autonomía técnica y de gestión en la fiscalización del uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier operación que implique recursos públicos federales.
La función de fiscalización se ejerce conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, por lo que las observaciones que realiza son acciones finales y las dependencias públicas están obligadas a responder por ellas. En ese entendido, las acciones estratégicas que se realizan en la Auditoría Superior de la Federación impactan en el mejoramiento de la administración pública en todas sus esferas de competencia a nivel federal, estatal y municipal, pues aporta elementos fundamentales para aumentar la calidad del gasto de los recursos presupuestales, así como transparentar y hacer pública la gestión de las entidades.
Con base en las mejores prácticas, el arduo trabajo técnico y neutral que se ha realizado en la Auditoría Superior de la Federación, se ha podido consolidar la labor de fiscalización mediante el uso de herramientas técnicas e informáticas como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la Inteligencia Artificial para que se integren a las labores de auditoría, con la finalidad de facilitar el acceso y el análisis de la información, fortalecer la calidad, eficiencia y cobertura de las propias auditorias.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
