Sin un estudio a fondo, como ya es costumbre, entre los opositores del Gobierno Federal surge un nuevo temor: ese insistente fantasma del comunismo que no deja de rondar al país, pero que ahora se viste de una supuesta militarización que da la estocada final a la seguridad pública -aspecto que, por cierto, poco importan en los estados gobernados por los partidos de oposición-.
Estamos hablando de la reforma que asigna en ciertos aspectos el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y cuya discusión avanza en el Congreso de la Unión, generando una oleada de desinformación y es sujeta a manipulación.
En ese orden de ideas, la reforma a la Guardia Nacional es mostrada por algunos como el último acto de autoritarismo de la administración saliente de Andrés Manuel López Obrador, aunque poco se habla, obviamente por así convenir a algunos intereses, de que esta propuesta apuesta por la profesionalización de la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública integrada por personal militar con formación policial.
Recordemos además que la Guardia Nacional se encarga tanto de las labores preventivas y de investigación y persecución de los delitos, como de la formación de sus integrantes, por lo que la propia reforma contempla a esta importante institución como una fuerza de seguridad pública con carácter civil e incluso encabezada por un mando civil.
Mejor aún, por si alguna duda queda, debemos recordar que nuestra Constitución prevé una serie de controles que garantizan además de los derechos humanos, un control civil en las instituciones, complementados además con mecanismos de supervisión establecidos de manera clara y en coordinación con los diversos niveles de gobierno.
A pesar de que, el Ejército Nacional ha dejado sus cuarteles desde hace dos sexenios, ahora genera terror el que, de alguna manera, se involucren en labores de seguridad pública; sin embargo, si quisiéramos de plano retirar de las calles al Ejército, los estados necesitarían reforzar sus fuerzas policiales a nivel estatal y municipal, algo con lo que no siempre se está dispuesto a comprometerse.
Aquí haremos un paréntesis precisamente para puntualizar respecto a que, son los estados gobernados por la oposición los que precisamente ven con indolencia el aumento de la inseguridad en su territorio, sin que su férrea resistencia a las decisiones tomadas a nivel federal sirva de algo para mejorar las condiciones de la población en este aspecto tan sentido.
En vez de alborotar a la gente sin estudiar siquiera la propuesta, vamos viendo que es necesario hacer frente a la delincuencia a través de instituciones que respondan con integridad, disciplina y eficacia; veamos la manera de construir puentes para ir consolidando esfuerzos para, en la medida que nos sea posible, lograr la paz en las comunidades.
Demos entonces un voto de confianza a aquellas propuestas a través de las cuales se fortalezca la capacidad del Estado para hacer frente a diversas formas de violencia y crimen organizado respondiendo a las condiciones actuales de las diversas regiones del país. Las fuerzas armadas no se lanzarán en contra de la población, aunque entendemos el temor de la oposición cuando recordamos sucesos tan lamentables como los del año de 1968, entre otras tropelías ordenadas por quienes se decían líderes de estado.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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