Dura Lex Sed Lex
Principio general del derecho romano.
La votación que exoneró al conocido exfutbolista devenido a político, Cuauhtémoc Blanco, volvió a poner en la discusión nacional el espinoso tema del llamado Fuero Constitucional que protege, y en la práctica concede inmunidad legal a altos funcionarios de gobierno.
En esta ocasión, el asunto adquirió una relevancia especial, por el tipo de proceso que el indiciado debe enfrentar, y que es, nada menos que una acusación por intento de violación, la cual fue presentada, para deleite de sus detractores, por su media hermana. Y como si lo anterior no fuera suficientemente escandaloso, el bochornoso acto ocurrió, a decir de la quejosa, en la casa de gobierno de Morelos mientras el acusado era gobernador. ¡Hágame usted el favor!
Pero eso no es todo, la cerecita del pastel, la pone el fiscal a cargo de presentar la solicitud de desafuero, Uriel Carmona, y que fue destituido de su cargo por presuntos actos de corrupción, precisamente el día en que se presento la denuncia. ¡Precioso sainete!
Antes de continuar, debo aclarar que no soy abogado, pero si soy un ciudadano interesado y atento a los teje-manejes del poder, y por tanto, más allá de las interpretaciones y/o argucias legales o legaloides, mucho me irrita la impunidad que esta figura legal conlleva, pues aunque pudiera estar de acuerdo, en principio, con la protección de la libertad de expresión y acción, principalmente de legisladores, me parece un exceso, la virtual patente de corso que en la realidad ha venido resultando.
Acá en el Estado de Chihuahua tenemos varios ejemplos donde el fuero ha impedido la ejecución o postergación de la ley a individuos claramente conectado a actos de corrupción, y me refiero a la actual gobernadora del Estado Maria Eugenia Campos Galvan, y al actual alcalde de la Ciudad Juarez, Cruz Perez Cuellar.
De ambos hay plena evidencia -recibos firmados y declaraciones de múltiples implicados- de que recibieron dinero de manera ilícita de parte del exgobernador y ahora expresidiario Cesar Duarte Jaquez, dinero que salió de la conocida nomina secreta, y que sirvió para cooptar el voto o asegurar la connivencia de ambos personajes a favor de Duarte. Ninguno de los dos llegó a recibir castigo legal, porque los protegió el fuero.
No es el caso del exgobernador Blanco, donde la evidencia no es tan sólida, ya que la acusación se basa, principalmente en la declaración de la demandante, y esa fue una de las razones que esgrimieron los 291 legisladores que emitieron el “no procede” para que el exfutbolista fuera sometido a juicio.
Pero, inconsistencias y argucias legales aparte, me pregunto ¿porque el juicio no habría de seguir? En todo caso, y aquí es importante dejar esto muy en claro, el juicio de procedencia no sirve para determinar la culpabilidad o inocencia del imputado, solo para eliminar el fuero, es decir, para impedir que el acusado hubiera de continuar con su juicio.
Mi opinión, y seguramente la de much@s mexican@s hartos de la impunidad de los políticos, es que los juicios deberían continuar, no importa que el imputado los lleve en libertad, hasta llegar a una resolución, si el acusado es encontrado culpable, entonces el fuero debería de perderse en automático, de no ser así, que lo mantenga. Pero evitar un juicio representa un acto de impunidad que no abona a la confianza de l@s ciudadan@s en el sistema de Justicia.
El impacto negativo de la votación en el juicio de procedencia para Blanco, llego hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, por el apoyo que el exfutbolista recibió de una parte mayoritaria de la bancada de Morena, e inclusive lastimó la unidad de los elementos que apoyan la coalición oficialista, pues el PT, y un número de diputadas votaron a favor del desafuero.
Si los políticos pudieran ser enjuiciados, con un fuero acotado a limitar la perdida de la libertad, no hubiera habido necesidad de meter estrés a la unidad de la 4T. Si el exfuncionario resulta ser encontrado culpable, entonces sí, que compurgue su pena, de otra manera, que continue con su trabajo de manera normal.
Y esto ultimo nos lleva a otro tema igual de delicado, pero que no ha sido tocado aun, el de la efectividad de las fiscalías.
¿Estaba bien integrada la carpeta con la solicitud de desafuero, o no? Seguramente no lo sabremos en el corto plazo, pero la ineficiencia de los fiscales es un tema tabú. ¿Como sabemos si los fiscales están haciendo bien su trabajo?, ¿cuál es el métrico?
No me opongo a la elección de jueces y magistrados que tendremos en breve, pero si no se acompaña dicho proceso, con el de la medición de efectividad de los fiscales, de poco va a servir que los nuevos jueces y magistrados sean electos por la sociedad, porque los casos en contra de los delincuentes igual se van a caer.
Es Cuánto.
José Antonio Blanco
Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001.
En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa.
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