La austeridad es la sencillez y moderación propias de la persona o cosa austera. Los ahorros tienen la finalidad de almacenar dinero o bienes para posteriormente usarlos en algún beneficio. Bajo estas dos ideas o conceptos, es como se aprueba -o pretende aprobarse- la Ley Federal de Austeridad Republicana, que impulsa Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Cierto es que, frente al despilfarro y los vicios dentro de la administración pública, se necesita un orden y un gasto con mesura. Sí, con mesura pero responsable. No puede considerarse ahorro o austeridad por ejemplo, cuando se tiene dinero y no se usa para el alimento básico que necesita un ser humano.
De acuerdo con este ejemplo, no podríamos decir que estamos ahorrando en comida, puesto que se pierde la naturaleza del ahorro, así como eventualmente… la vida. El ahorro tiene que tener un propósito sano, considerable, congruente. No podemos aplicar una austeridad, que más que austeridad es un asesinato a áreas fundamentales para el desarrollo del país.
Se celebra el desmantelamiento de los aparatos robustos y burocráticos de las dependencias del gobierno. Así como la eliminación de gastos superfluos y verdaderamente innecesarios. Pero hay cuestiones que no se entienden. ¿Por qué la austeridad tiene que llegar a niveles excesivos, en aspectos como la salud, ciencia y tecnología, deporte, turismo, y por ejemplo se crea una oficina para promover el béisbol desde la Presidencia de la República?
¿Qué limitada y corta visión puede tener un mandatario para descuidar a los ciudadanos del futuro, a los enfermos, a quienes ponen en alto el nombre de México, y premiar a sus allegados con millonarios contratos sin licitación y por adjudicación directa, o aferrarse a proyectos inviables como la refinería en Dos Bocas?
Sí, lo sabemos. Estos problemas no son de hoy. Que se han hecho más grandes y notorios es cierto. Pero también lo es que nadie esperaba que un gobierno de izquierda, el primero en muchos años del México contemporáneo, se distinguiera por desabasto de medicinas y por celebrar una amistad con Estados Unidos, (sí, esos malditos yankees imperialistas) mediante un evento masivo.
Frente a esta tergiversada y envenenada idea de austeridad, la ley que lleva su nombre, busca que el dinero que se consiga “ahorrar” pueda ser manejado discrecionalmente por el Presidente de la República. No hablamos por lo tanto, de una partida secreta, ciertamente. No hay que buscar tampoco confundir. Pero sí es verdad que el manejo discrecional podrá ser usado en los programas sociales del Ejecutivo Federal. Programas que hemos visto, no cuentan con reglas de operación que garanticen el correcto uso de los recursos públicos.
Y es que la dinámica social de este gobierno es sencilla: acusar de corrupción cualquier programa que recuerde al “PRIAN”, desmantelarlo, ponerle un nombre acorde al gobierno (por ejemplo, del bienestar, de la austeridad, etc.) y repartir dinero a diestra y siniestra. Entonces podríamos decir que la oposición tiene razón cuando menciona que este dinero manejado discrecionalmente por el Presidente sólo tendrá como fin abonar más a esta red redistributiva radical con fines clientelares para una eventual estrategia político-electoral.
La partida discrecional, tan asociada al gobierno de Carlos Salinas, no es lo peor, a mi parecer. Si no la violación al derecho humano al trabajo, necesario para poder llevar a cabo otros derechos. Me refiero al impedimento de los altos funcionarios públicos para desempeñarse en el sector privado hasta 10 años después de haber concluido su labor en el servicio público, como lo propone el artículo 24 de la citada ley. A nadie se le debería prohibir desempeñar el trabajo que desee siempre y cuando sea lícito.
El Servicio Civil de Carrera, ese tan necesario hoy día en la administración pública, es brutalmente amenazado por morena y aliados pues ahuyenta a los profesionales en el ámbito de su competencia, aquellos que con base en sus conocimientos sacan adelante los proyectos, y provoca que ante el riesgo de perder su empleo tampoco puedan buscarlo en la iniciativa privada.
¿Qué resultado obtendríamos? Que en el gobierno sólo permanezcan los fieles al gobernante en turno. Aquellos que hacen del culto a la personalidad del Señor Presidente, su manera de vivir. Esos que sin importar la ley, los procesos jurídicos, el funcionamiento de la administración pública, las recomendaciones de expertos, académicos, de instituciones, de calificadoras internacionales, solo vean por el beneficio de su jefe y máximo líder.
Muy seguramente la Corte le dé un revés a esta intentona, y probablemente se tomen en cuenta las denuncias de la oposición, sobre que esta reglamentación invade a la división de poderes.
Luis Carlos Casiano
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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