Como nunca antes, México está viviendo una crisis en el tema migratorio. Las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica han puesto a nuestro país en una situación complicada y han demandado una respuesta de la sociedad y gobierno sin precedentes. Sin temor a equivocarme, la situación de México es única en su tipo, pues somos el país que por su posición geográfica vincula a una de las regiones más golpeadas por el populismo y gobiernos ineficientes, con el país más desarrollado del mundo.
Pero, frente a las presiones del gobierno estadounidense por controlar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica con su frontera sur, y la voluntad de seguir las políticas recomendadas internacionalmente, México se ha visto rebasado en su capacidad de respuesta. El ofrecimiento de visas de trabajo, que después se suspendieron, dejando en el limbo a miles de centroamericanos, y reemplazadas por permisos temporales regionales, es un ejemplo de ello.
Es así, que los migrantes que llegan a nuestro país se ven frustrados ante la inmensa burocracia mexicana y optan por medidas irregulares que ponen en peligro no únicamente su desplazamiento y estancia, también sus vidas y las de sus acompañantes. Es por eso, que hoy el mismo gobierno reconoce la presencia de miles de desplazados de los cuales no se tiene conocimiento de quienes son.
Según información de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de México, los albergues de migrantes están sobrepoblados debido a la tardanza de las autoridades mexicanas migratorias para resolverles sus casos. La búsqueda de mejores condiciones de vida en nuestro país, apegado a legalidad, irónicamente significan también que el deseo de vivir el “sueño americano” se vea obstaculizado. Explico el porqué.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía estadounidense puede dictaminar que aquellos que han recibido un sistema de bienestar de un tercer país pierden -o ven reducida- la posibilidad de lograr asilo político en EUA, que es lo que buscan aquellos desplazados que vienen huyendo de condiciones de conflicto, pobreza, etc. Aunado a la complejidad del trámite migratorio, muchos prefieren la ilegalidad y la no regularización durante su estadía en nuestro país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de igual forma, establece cláusulas de cesación en su manual de reasentamientos, donde señala situaciones en las cuales cesa la condición de refugiado, generalmente porque estos han encontrado una solución duradera. Frente a este desaseo de interpretación jurídica, EUA desea marcar la agenda política de México en cuestión de migración con programas como “Permanecer en México”.
Este es un momento de reflexión como comunidad, y sin ataduras ni apasionamientos, emitir una postura. El lenguaje políticamente correcto nos dice que en el mundo no hay fronteras, la realidad nos dice que sí. El pacto global migratorio de diciembre pasado sólo habla de migración, pero omite que esta tiene dos estatus: legal o ilegal.
La moral nos diría que ayudemos a los migrantes, la realidad nos dice que ni el gobierno de México, ni su sociedad tiene la capacidad de hacerlo, de ahí que tengamos problemas con ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana, donde el apoyo del gobierno, ONG’s, AC’S y la comunidad en su conjunto llegó a un límite.
La actualidad dice sí a los Derechos Humanos, pero la razón debe dictar que sólo a humanos “derechos”, es decir, aquellos que guardan la legalidad. Es momento de reescribir el lenguaje políticamente correcto, y contrastar con la realidad.
Luis Carlos Casiano
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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