Los 3 niveles de gobierno, sean del partido que sean, antes y ahora, tienen una deuda con la ciudadanía.
Sí, una deuda que debe saldarse. Según información de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2018, dependiente del INEGI, la ciudadanía identifica a la inseguridad como la principal problemática en su comunidad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, también dependiente del INEGI, y cuyo objetivo se centra más a estudiar las problemáticas de las ciudades, ubica a la delincuencia como la segunda más constante solo superada por el problema de baches en calles y avenidas. 74.6% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. (marzo 2019)
A pesar de que es la principal o la segunda demanda de 3 de cada 4 mexicanos, las estrategias federales de seguridad pública implementadas en los últimos años, no han podido resolver el problema de seguridad. Según la ya citada ENVIPE, de 2018 (último ejercicio registrado) los niveles de víctimas del delito han ido en constante aumento año con año a nivel nacional. Lo mismo indican las cifras del propio gobierno federal.
Sin embargo esto no ocurre en el estado de Chihuahua, donde a partir de la alternancia en 2016, las cifras delictivas van a la baja. Según la incidencia delictiva registrada en los años 2016 y 2017, con los gobiernos del priísta César Duarte y el panista Javier Corral respectivamente, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años o más, en nuestro Estado hubo una reducción del delito de 17.4 puntos porcentuales.
No obstante, los asesinatos en nuestro estado han aumentado año con año desde 2016, según la Fiscalía General del Estado. Mientras que, en Chihuahua capital, se ha visto una reducción en la tasa de homicidios dolosos de casi 15 puntos porcentuales entre el 2018 y 2017. ¿Entonces qué explica la violencia en nuestra entidad? En Cd. Juárez las cifras no son favorables como lo son en la capital, pues las pugnas entre cárteles del narcotráfico han provocado un aumento considerable en homicidios. Cabe resaltar aquí, que el combate al narcotráfico es responsabilidad federal, donde queda demostrado una vez más la inoperancia del actual titular del Ejecutivo.
La estrategia y promesa de campaña del actual Presidente, relacionada a la amnistía para delincuentes, entre otras, deja mucho que desear en el contexto mexicano. Según el Índice de Paz de México existe un 97% de impunidad en nuestro sistema de justicia, pues en sólo 7% de las ocasiones en que se denunció un delito se abrió una carpeta de investigación, y sólo el 3% terminó con una sentencia. Esto explica por qué los mexicanos no confían en sus instituciones.
Considero que la estrategia empleada en los últimos años no responde a un plan integral que cubra diversos frentes. El dinero destinado a nuestro sistema de justicia y policial es por mucho menor al promedio que se destina en el resto de los países de la OCDE, relativo al PIB. El gobierno se ha enfocado a capturar líderes del narcotráfico, pero no ha desmantelar sus redes de corrupción y patrimonio.
Las causas que originan la violencia, como la falta de oportunidades y nula presencia del estado, propician un clima que es favorable para que el crimen haga presencia y se apodere de poblaciones completas. Gobiernos federal, estatal y municipal, deben coordinarse con la sociedad civil para una estrategia integral, legitimada en el apoyo social, que impulse el deseo de una mejor comunidad con acciones concretas. Mientras esto no se realice, seguiremos hablando de estrategias a medias y esfuerzos aislados. Los mexicanos no podemos esperar. ¿Tendrá solución este problema? Quiero pensar que sí. México lo vale.
Luis Carlos Casiano
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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