El cambio climático ha provocado que la temperatura a nivel global haya aumentado. Las consecuencias de van desde sequías prolongadas, huracanes, deshielo de glaciares, inundaciones, etcétera. La sequía puede ser un factor de migración, y los grandes desplazamientos tienen efectos en el desarrollo urbano, los mercados inmobiliarios y hasta en las proyecciones del sistema financiero internacional, y la certidumbre crediticia de los bancos. No es asunto menor. Dentro de las prioridades intra sistémicas del clima como problema, el manejo y cuidado del agua está volviéndose, cada vez más, un tema central. De acuerdo con datos del INEGI, en 2022, en 31 estados de la República, la sequía fue el principal factor de pérdida para las unidades de producción agropecuaria activas del país; ese mismo estudio indica que de los factores climáticos asociados con el agua, la sequía fue el factor de daño fundamental en casi todos los estados, salvo Tabasco, que tuvo problemas por inundaciones.
En 2016, con datos de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH), el 7 % de la población mexicana no recibía agua en tubería y debía de conseguirlo por otros medios; por otra parte, datos de 2021 del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, indicaron que un 0.4 % no recibía agua de la red pública. Esa misma encuesta mostró que el 19.2% de la población no contaba con acceso al servicio de drenaje y alcantarillado. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el número 6 es agua limpia y saneamiento. Esto significa que los Gobiernos deben implementar programas enfocados con la consecución de ese objetivo.
En la Declaración de Punta Cana de 2016, las Entidades Fiscalizadoras Superiores de OLACEFS adoptamos los principios y compromisos para la implementación, desarrollo y fortalecimiento de la participación ciudadana, como requisito determinante de legitimidad en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que componen la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y entre estos, como he dicho, se encuentra el acceso al agua limpia y saneamiento. El Programa Conjunto OMS/UNICEF para el Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP) 2020 señaló que 25% de la población en América Latina y el Caribe no tiene acceso a agua potable y 66% no tienen acceso a al saneamiento del agua.
El Grupo de Trabajo de Fiscalización de Infraestructura de Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) ha realizado auditorías coordinadas en infraestructura abordando en ellas proyectos de infraestructura hídrica. Por otra parte, la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la propia OLACEFS ha contribuido en la formación del personal en la materia de cambio climático, el año pasado organizaron un taller técnico para debatir sobre la contribución de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) al fortalecimiento de las acciones en respuesta a la crisis climática.
En este mismo taller se presentó la herramienta ClimateScanner que lidera el Tribunal de Cuentas de Brasil, y que tiene como objetivo principal el desarrollo de una metodología que permita a las EFS promover evaluaciones rápidas de las acciones de los gobiernos nacionales relacionadas con el cambio climático, en tres ejes: gobernanza, financiamiento y políticas públicas.
Aplicado al tema que hoy analizamos, la Gobernanza del agua implica la participación de Gobierno, Sociedad Civil y Academia en la búsqueda de mejores formas de gestionar este recurso, el cambio climático nos insta a acelerar los esfuerzos cumplir con el ODS 6. Las EFS contribuímos a la fiscalización oportuna de los proyectos de infraestructura y con la evaluación de los programas relacionados con el combate al cambio climático.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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