Ángel fue mordido en un dedo de su pie izquierdo por una serpiente de cascabel cerca de Samalayuca hace 5 semanas, de inmediato fue trasladado a una clínica del Seguro Social. En Urgencias recibió los primeros auxilios médicos correspondientes a su situación. Los problemas vinieron después, cuando fue difícil conseguir una cama disponible en piso, cuando solo tenía una revisión al día por parte de practicantes, cuando preguntaba sobre su condición y los enfermeros no sabían responder a sus preguntas, cuando el estado de dedo que había sido mordido lucía cada vez peor y peor. Su familia preocupada empezó a consultar con distintos médicos de hospitales privados, el veredicto fue unánime, debía de ser operado de inmediato de otra forma corría el riesgo de perderlo.
Su familia empezó a insistir en trasladarlo a otra institución, pero Ángel se negó, le daba miedo enfrentarse a una tremenda cuenta, además, toda su vida había trabajado y nunca había utilizado los servicios del Seguro Social, ahora es cuando lo necesitaba, así que todo se solucionaría. Cuando por fin fue a visitarlo el médico a cargo le informó que se le programaría una cirugía para amputarle el pie, pues el daño era tal que precisaba ser amputado. Asustado Ángel pidió su alta voluntaria, firmó su responsiva médica y se dirigió a un conocido hospital de la ciudad. No perdió el pie, pero sí el dedo herido, los médicos aseguran que de haber sido atendido en forma y tiempo no hubiera sido necesario amputar el dedo, mucho menos el dedo como pretendían en el Seguro. Para pagar la cuenta Ángel y su familia echaron mano de sus ahorros, “me gasté hasta lo del aguinaldo que aún no recibo” dice contento de estar en plena recuperación, pero sí se dice decepcionado de un servicio que ha pagado durante 25 años de trabajo ininterrumpido y que no respondió de la forma en que él necesitaba.
Afortunadamente mi amigo tuvo los recursos necesarios para asegurar su recuperación física, pero existen miles, cientos de miles, quizá millones de casos a lo largo de Juárez y todo México de personas que han perdido su salud, calidad de vida, incluso la vida por un sistema de salud público que si bien se encontraba en graves problemas, el gobierno federal actual se ha encargado de darle la estocada. Ha sido este gobierno el encargado de destruir un sistema que con todos sus vicios funcionaba.
Los niños con cáncer accedían a sus tratamientos, sus familias no eran criminalizadas, la falta de medicamentos no era tan alarmante, las vacunas siempre estuvieron disponibles alcanzando hasta el último rincón del país y el IMSS ofrecía regularmente los servicios de laboratorio.
Las historias que está dejando esta política criminal son descorazonadoras, usted no necesita que yo las reviva o enumere. No están muy lejos nuestro, absolutamente todos conocemos a alguien que atraviesa o ha atravesado situaciones de salud en las que el Seguro Social y las instituciones públicas de salud, no han dado respuesta.
El costo no solo a la salud, sino también al bolsillo cada vez es mayor y se cierne con crudeza entre los más desprotegidos, es decir un gran porcentaje de los mexicanos. Solo del 2018 al 2020, el Coneval, estimó en un 26.7 % el incremento de usuarios de consultorios médicos privados con gran incidencia en las grandes cadenas de consultorios económicos, especialmente entre las zonas urbanas y rurales más pobres.
Familias que lo pierden todo ante la enfermedad de un ser querido, 33 millones de mexicanos que no cuentan con ningún tipo de servicio médico tras la desaparición del Seguro Popular, y un 65% de los derechohabientes de IMSS, ISSSTE, SEMAR y SEDENA que a la conducta criminal del gobierno federal, cubre un amplio espectro: corrupción, falta equipamiento, desabasto médico y la precariedad de 33 millones de mexicanos que al día de hoy no cuentan con alguna afiliación médica, pues tras la desaparición del Seguro Popular, el 26% de la población, se ha quedado sin ningún tipo de servicio médico.
En México, solo el 45% de la población, algo así como 56 millones de personas cuentan con algún tipo de servicio médico, ya sea IMSS, ISSSTE, SEMAR Y SEDENA. Aun así, en el 2020 hubo un 65% de derechohabientes que teniendo servicio médico gratuito tuvieron que acudir a servicio médico privado, ya sea por citas que nunca llegaban, medicamentos inexistentes, falta de equipo para pruebas o mala praxis médica.
¿Cuánto le está costando a cada ciudadano, a cada familia un gobierno criminal que atenta contra lo más valioso después de la vida que es la salud? Aún no tenemos una cifra en costo monetario, seguramente será muy grande, pero el otro costo, ¿quién lo mide? El dinero, cabe la esperanza que puede recuperarse, ¿pero la salud?
¿A quién acude, a quién reclama? ¿a un gobierno al cual una pandemia le cae “como anillo al dedo”?
Mientras salud haya, lo demás, vale dos habas.
Claudia Vázquez Fuentes
Analista Geopolítica.
Maestra en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
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