El cuestionamiento de los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la permanencia de las fuerzas armadas en el país, para enfrentar a la delincuencia organizada, es que no podrán abatir la violencia. Según su parecer la Guardia Nacional no debe controlarse por el Ejército Mexicano.
Primeramente, debemos destacar que la función que desarrolla la Guardia Nacional, que es la autoridad que sustituyó a la Policía Federal por el antecedente de corrupción que ocasionó Genaro García Luna detenido en Estados Unidos, a quien se le acusa de ser cómplice del crimen organizado y en específico del Chapo Guzmán, es la encargada de la seguridad pública y seguridad ciudadana, es una institución de carácter civil, misma que será controlada por el Ejército Nacional.
El Senado de la República aprobó por mayoría calificada la reforma a la Guardia Nacional, misma que establece que será hasta 2028 que la Secretaría de la Defensa Nacional estará a cargo de la operatividad y administración de esta institución de seguridad. Esto ha generado controvertidas opiniones y descalificaciones, porque se asume que las fuerzas armadas no deben encargarse de la seguridad ciudadana. Se corre el riesgo de la militarización dicen los que están en contra.
Sin embargo, hay que analizar el contexto por el que el presidente de México lo solicitó de esa manera para detener la ola de crímenes de alto riesgo, donde interviene el crimen organizado, pues se requiere del ejército por la preparación que tiene para enfrentarlo y generar una coordinación nacional, toda vez que la Guardia Nacional realiza acciones de seguridad pública ciudadana de investigación en cada estado. La Guardia Nacional es preventiva y desde la actual reforma sus integrantes deben recibir adiestramiento militar para ser capaces de enfrentar a todo delincuente.
La aprobación es para que el ejército ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Se evita con ello el control absoluto de un secretario que era omnipotente y tenía acceso a recursos sin limitación alguna, además de estar exento de rendir cuentas. Recordemos los antecesores de García Luna y al propio exsecretario cuyas fortunas provienen de los recursos públicos destinados a la debida operación y administración de la desaparecida policía federal.
La corrupción que se acumuló durante cuarenta años en la policía federal se puso al servicio de los capos del narcotráfico. Los resultados de la Marina y del Ejército Mexicano han dado buenos resultados para detener el crecimiento de los grupos criminales y se espera que se logre el propósito fundamental de otorgar seguridad a toda la comunidad civil pacífica, evitando la impunidad y ausencia de autoridad.
La experiencia de otras administraciones que sin previo aviso han utilizado al Ejército y a la Marina, ha sido positiva y negativa. Negativa cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico enviando a las tropas sin un plan de acción, que sobrepasó sus límites violando los derechos humanos. Positiva cuando han procedido con golpes certeros contra los narcotraficantes.
Cuando Felipe Calderón nos envió a las tropas, estas fueron recibidas por la sociedad civil con la esperanza de recuperar la paz. Pero los resultados fueron contrarios, pues trajeron consigo las extorsiones y el secuestro; delitos que no se practicaban en el estado de Chihuahua. La experiencia vivida nos hizo desconfiar de la policía municipal, de la policía federal, de los soldados y hasta de los agentes de vialidad.
En la reforma constitucional que se aprobó en el Senado de la República, regulariza la profesionalización y preparación de la Guardia Nacional, bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, por tratarse de una institución confiable, además del adiestramiento a los elementos que la conforman, deben privilegiar a los derechos humanos de toda persona.
Muy distinto el panorama a la manera que lo hizo Felipe Calderón y que nos dejó desconfianza, desolación, daño moral, psicológico y resentimiento con las autoridades, cuyos efectos estamos padeciendo ante la violencia familiar que aumentó como consecuencia de la impunidad y abuso de autoridad.
Esta vez las autoridades se coordinan para proteger a la sociedad civil y el comienzo es difícil porque llevan ventaja los criminales en tiempo y espacio. También debemos recuperar a la niñez que sufrió en aquellos años y que hoy son adultos para integrarlos con el amor que estuvo ausente. Son jóvenes que de niños no recibieron la ayuda del gobierno para enfrentar sus miedos.
Hagamos cada uno lo que nos corresponde y dejemos de lado la crítica destructiva.
Héctor Molinar Apodaca
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
