El sismo catastrófico que golpeó de manera terrible a Turquía y Siria, como fue en México en 1985, obliga a prestar atención al inicio de la campaña regional para la implementación de la Iniciativa “Alertas Tempranas para todos” en el Caribe. Esta iniciativa global fue presentada por las Naciones Unidas en noviembre de 2022, en el marco de la 27° Conferencia sobre el Cambio Climático 2022, y propone la inversión inicial de aproximadamente 3,100 millones de dólares para establecer sistemas de alerta temprana entre 2023 y 2027.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que invertir 800 millones de dólares en los sistemas de alerta temprana que permitiría evitar pérdidas calculadas entre 3 a 16 billones de dólares por año.
Considerando los efectos que ciertos fenómenos pueden generar. Durante siglos, los seres humanos hemos buscado identificar señales previas a un tsunami como el de Tailandia o una gran tormenta como los huracanes tan frecuentes en nuestro País, para alertar a las comunidades y así preservar sus vidas y patrimonio y tomar medidas preventivas y evitar desastres como los que hemos y estamos viviendo. En la actualidad, gracias a los avances científicos y tecnológicos, comprendemos mejor las amenazas o peligros naturales que pueden provocar un desastre y hemos desarrollado sensores y sistemas de comunicación, que han permitido el establecimiento de distintos sistemas de alerta temprana. La UNDRR los define como sistemas integrados de vigilancia, previsión y predicción de amenazas, evaluación de los riesgos de desastres, actividades, sistemas y procesos de comunicación y preparación que permiten tanto las poblaciones como a los gobiernos adoptar medidas oportunas para reducir los riesgos de desastres previo a la ocurrencia de un suceso peligroso, por ejemplo, el sismo en Turquía y Siria.
Los sistemas de alerta temprana son eficaces según la UNDRR y la GUID 5330 si se centran en las personas e incluyen cuatro elementos clave: conocimiento de los riesgos, servicio de seguimiento y alerta, difusión y comunicación clara y útil, y capacidad de respuesta tanto a nivel comunitario como nacional. Actualmente, existen sistemas de alerta temprana para amenazas geológicas, como tsunamis, terremotos y actividad volcánica; amenazas meteorológicas – huracanes, heladas o sequías-; incendios forestales, amenazas biológicas, como plagas de insectos, y a la salud, que operan a nivel comunitario, nacional, regional y mundial.
Estos sistemas forman parte de los que se conoce como la “reducción de riesgo de desastres”, que son las actividades que las autoridades deben realizar antes de un desastre, en las cuales deben considerar las lecciones aprendidas de desastres ocurridos anteriormente. Desafortunadamente, la mitad de los países del mundo no cuentan con estos sistemas y son pocos los que cuentan con leyes y reglamentos que vinculan a los sistemas de alerta temprana con sus planes de emergencia. En nuestro país, por ejemplo, contamos con sistemas de alerta sísmica, monitoreo del volcanes -como el Popocatépetl-, de ciclones tropicales, tsunamis, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos relevantes.
Las Entidades de Fiscalización Superior pueden contribuir a mejorar estos sistemas de alerta, al auditar distintos aspectos de estos sistemas y las entidades que los operan, ya sea a través de auditorías de cumplimiento financiero o de desempeño, si sus actividades cumplen con la legislación aplicable y la calidad y eficacia del propio sistema de alertas.
Los resultados y recomendaciones que derivan de estas auditorías pueden contribuir a salvar cientos de vidas y evitar pérdidas económicas considerables, mejorando la respuesta gubernamental ante una emergencia, generando valor agregado e incrementando la calidad de vida de los ciudadanos.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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