Se entiende como inclusión financiera el acceso universal y sostenido a servicios financieros formales, variados y adecuados a las necesidades individuales de los habitantes de un país. Es un concepto fundamental para fomentar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.
México tradicionalmente padece altos índices de concentración bancaria, entendida como una estructura en la que pocos bancos tienen una participación relevante en el mercado, que incluye a los depósitos, préstamos y activos. Las causas son variadas, pero fundamentalmente se reducen en su origen a una histórica complicidad entre el poder económico y el político, que ha diseñado un marco normativo que favorece el negocio de las instituciones ya establecidas, al establecer barreras significativas de entrada a nuevos participantes al mercado.
Actualmente sólo siete bancos dominan el 77% de los activos totales, y tres de esos siete concentran el 60%. En tanto que el remanente se distribuye entre 43 instituciones bancarias de menor tamaño. Se puede entonces válidamente afirmar, que la estabilidad financiera alcanzada por México después de la crisis bancaria de los 90´s se logró desafortunadamente en detrimento de la competitividad.
En efecto, la regulación bancaria actual, al estar diseñada en función de las instituciones financieras tradicionales, inhibe la participación y capacidades de empresas de crédito emergentes, como las Fintech y los bancos digitales para innovar y competir en igualdad de condiciones. Esta configuración restringe la libre competencia, limita la diversidad de servicios financieros disponibles y obstaculiza los esfuerzos para aumentar la inclusión financiera en México.
Como ejemplo de barrara de entrada al mercado podemos señalar lo tortuoso, lento y oneroso del proceso para adquirir una licencia de banca en México. Se lleva años cumplir con las etapas regulatorias y desalienta la competencia. Como resultado se mantiene la carencia de servicios financieros en los sectores no bancarizados y sub-bancarizados de la población mexicana.
Menos de la mitad de la población adulta en México posee una cuenta bancaria, lo que nos ubica muy rezagados con respecto al 72% de Brasil o el 65% de Ecuador.
En el lado del crédito sucede algo similar. La cartera de crédito en México se ubica en aproximadamente el 38% del Producto Interno Bruto, mientras que en Colombia es del 50%, en Brasil el 70% y en a Chile alcanza el 100%. La limitación de financiamiento de las empresas en el sector bancario es una barrera para mejorar el crecimiento económico del país.
Una salida a esta situación es promover las finanzas digitales. El desarrollo digital ha inclinado la preferencia de los consumidores por soluciones financieras accesibles, rápidas y seguras, convirtiendo a la tecnología como el principal instrumento para mejorar la inclusión financiera.
Las finanzas digitales, además de proporcionar servicios financieros más eficientes, seguros y rentables, alcanzan a segmentos de la población tradicionalmente abandonados por el sistema financiero tradicional como son las comunidades rurales, las amas de casa, los jóvenes, campesinos, pescadores o pueblos originarios.
Por tanto, es necesario actualizar nuestro marco regulatorio bancario e incluir la figura de la banca digital. Crear una normativa específica y adecuada a sus características y necesidades, para generar un ambiente propicio a su desarrollo. Con esto se podrán establecer las bases para una competencia justa con las instituciones bancarias tradicionales, promover la inclusión financiera y aprovechar las ventajas de la digitalización para impulsar el crecimiento económico del país.
Es nuestra intención en este período de sesiones legislativas, el promover una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar las disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito que permitan alcanzar los objetivos descritos.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
