Los opositores a la Cuarta Transformación mantienen una virulenta campaña basada en distorsiones respecto de los cambios propuestos a la ley del INFONAVIT, apelando al miedo y a la desconfianza. Es claro que estas narrativas buscan frenar una reforma que prioriza a los sectores más desprotegidos, pero que también aumenta el control gubernamental, lo cual es un punto de debate legítimo. Sin embargo, las críticas de los opositores a la reforma a la Ley del INFONAVIT incluyen afirmaciones que no están respaldadas por hechos, que son exageraciones o, llanamente, mentiras.
La mentira más difundida es que “el gobierno se apropiará de los ahorros de los trabajadores”, lo cual es totalmente falso. Los ahorros en las subcuentas de vivienda permanecen como propiedad de los derechohabientes y se mantendrán protegidos por la ley. La reforma no otorga al gobierno la facultad de utilizar estos fondos para otros fines, pero es claro que los opositores buscan generar miedo al sugerir una expropiación, cuando en realidad la reforma apunta a mejorar la administración y ampliar los beneficios para los trabajadores de menores ingresos.
Otra gran distorsión es la que afirma que “la creación de una empresa constructora servirá para desviar recursos públicos”. La realidad es que la filial constructora del INFONAVIT será autosuficiente y se enfrentará a restricciones legales que le impedirán hacer uso de esos recursos sin atender tales restricciones. Acusar al gobierno de usar esta empresa para fines ilícitos sin pruebas concretas solo tiene como objetivo desprestigiar la reforma.
Pero eso no es todo, los opositores al gobierno afirman que “la reforma politiza al Infonavit y lo convierte en un instrumento del gobierno”. Es un hecho que la reforma aumenta la influencia del gobierno en la toma de decisiones, pero esto no implica que el Infonavit deje de ser una institución tripartita, integrada por representantes de los trabajadores, los patrones y el gobierno. El cambio busca garantizar un enfoque más equitativo y transparente en la asignación de recursos, mientras que la intención de los detractores, al vincular la reforma con un control político total, pretende desacreditar las medidas de inclusión que beneficiarán a los trabajadores de menores ingresos.
Aseveran, también, que “la renta con opción a compra es una estrategia para engañar a los trabajadores. Una vez más mienten. El esquema de arrendamiento social con opción a compra está diseñado para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para quienes no pueden adquirir una propiedad de inmediato. Presentar este programa como una trampa busca restar legitimidad a una política que amplía las opciones para la adquisición de una casa-habitación.
Estoy convencido de que hay que defender la reforma, porque busca garantizar una mayor transparencia, combatir la corrupción y beneficiar a los trabajadores de menores ingresos con nuevos esquemas de acceso a vivienda. Por ello, es muy importante desmentir a la oposición, porque las desinformaciones y narrativas falsas generan confusión, desconfianza y rechazo hacia políticas públicas que buscan el bienestar de la ciudadanía.
Las mentiras de la oposición desvían la atención de los temas reales y desinforman a la sociedad, afectando su capacidad de tomar decisiones fundamentadas, además de que generan un miedo injustificado en la población. Los opositores lo saben y a ello le apuestan, aunque sus acciones perjudiquen a quienes esta reforma pretende beneficiar.
Las reformas requieren el apoyo y la aceptación social para implementarse de manera efectiva. Desmentir a la oposición ayuda a que la ciudadanía entienda los beneficios reales y apoye las medidas propuestas para fomentar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y reforzar su capacidad de gobernar y ejecutar programas clave, programas que benefician a todos los mexicanos, pero, sobre todo, a los más vulnerables.
Pedro Torres
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