En los últimos 20 años, la ASF ha ejecutado más de 400 auditorías al sector medio ambiental y de recursos naturales, cuyos informes están disponibles en nuestro Sistema Público de Consultas de Auditorías.
La semana pasada, en el marco de la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, se desarrolló un encuentro entre los representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en el cual se destacó la relevancia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) para que a través del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de las políticas ambientales se genere certeza y estabilidad en las inversiones para alcanzar un desarrollo sostenible.
Así el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el año pasado, tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a hacer realidad el derecho de las generaciones futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Un elemento clave para el ejercicio de estos derechos es contar con información relativa al medio ambiente y sus elementos, recursos naturales, incluyendo aquella relacionada con los riesgos ambientales y los impactos adversos que puedan afectar al medio ambiente y a la salud, así como la relacionada con la protección y gestión ambiental.
Una fuente relevante de este tipo específico de información son las auditorías gubernamentales sobre medio ambiente. Esto es posible gracias al esfuerzo tanto de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, como las de OLACEFS y sus EFS miembros, que han impulsado distintas acciones para consolidar la fiscalización con una perspectiva ambiental.
A nivel internacional, la INTOSAI ha emitido cuatro guías internacionales sobre auditorías medioambientales: la GUID INTOSAI 5200 – Actividades con perspectiva ambiental, la GUID INTOSAI 5201 – Auditoría ambiental en el contexto de las auditorías financieras y de cumplimiento, la GUID INTOSAI 5202 – Desarrollo sostenible, el papel de las EFS y la GUID INTOSAI 5203 – Cooperación en Auditorías de Acuerdos Ambientales Internacionales.
A nivel latinoamericano, OLACEFS; a través de su Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente ha impulsado auditorías coordinadas sobre temas ambientales de interés regional, como los recursos hídricos, el cambio climático, áreas protegidas, biodiversidad y pasivos ambientales mineros, vinculados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de su mandato constitucional, ha participado activamente en estas auditorías ambientales y también ha desarrollado diversas acciones de fiscalización en esta materia.
En los últimos 20 años, la ASF ha ejecutado más de 400 auditorías al sector medio ambiental y de recursos naturales, cuyos informes están disponibles en nuestro Sistema Público de Consultas de Auditorías.
El fin último de las auditorías ambientales es identificar cómo mejorar los programas y acciones gubernamentales dirigidos a mejorar el medio ambiente, y la habitabilidad de nuestro planeta.
Insistir en el enfoque preventivo, en la colaboración internacional, en la necesidad del intercambio de experiencias y por supuesto en el uso intensivo de la tecnología, nos permitirá un mejor legado para las generaciones futuras, no solo de nuestros hijos, de nuestros nietos. La fiscalización superior es base de lo anterior.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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