Es cierto que la inmensa mayoría de los delitos que se cometen en ésta frontera son operados utilizando automóviles chuecos, el registro de estos vehículos y su correspondiente plaqueo para su identificación; es vital para la seguridad nacional y nadie, mucho menos el gobierno, tiene derecho a lucrar con esa acción de evidente beneficio comunitario.
El decomiso de estos automotores decretado por el Gobierno Federal y llevado a cabo por el gobierno municipal, está desproporcionada tan sólo porque la ciudadanía carece de recursos para realizar tan onerosa importación.
En esta situación de emergencia nacional, cualquier gobierno bien nacido realizaría gratis éste trámite con tal de obtener el resultado del registro total de esas unidades y despojar de transporte a la delincuencia. No hacerlo así equivale a traicionar a la patria y al pueblo.
Pero no, la codicia recaudatoria de los gobiernos no tienen límites ni prudencia y bajo pretexto de esa ley de importación vehicular tan absurda como confiscatoria, se está golpeando duramente al pueblo con estos decomisos que lastiman mucho a nuestra ciudad.
La legalidad de éste acto de gobierno no legitíma el decomiso de vehículos porque la ley que lo apoya es injusta y por lo tanto no debe ser obedecida. Es injusta porque esa norma no persigue el bien común, porque es contra la naturaleza del derecho de propiedad, es inmoral porque tiene un fondo únicamente recaudatorio contrario a la utilidad del bienestar nacional y es torpe porque fustiga primordialmente a los más pobres. Es antinatural porque contradice cualquier parámetro de pensamiento lógico, es, para decirlo en una palabra, es una ley inicua.
Y más las autoridades que la aplican generando éste decomiso injusto de automóviles que en alguna forma pudiéramos equiparar al pillaje.
Si los gobiernos federal y municipal se encuentran en problemas de bancarrota se debe a sus abultadas nóminas y a gastos absurdos tan sólo para lucimientos de legitimación personal. No debemos olvidar la sentencia de Carlo Bini, “Quien no sabe gobernar es siempre un usurpador”.
La regularización de autos chuecos debe ser gratuita por corresponder a una necesidad fronteriza, cualquier otra cosa equivale a ponerse de lado de los facinerosos.
Norberto López Garza
Norberto López Garza es abogado litigante en derecho laboral y cátedratico de la Universidad Cultural e Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Multi-galardonado por su desempeño profesional, recibiendo entre estos la Columna de Plata 2011 al Mérito Periodístico otorgada por la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.