La violencia por sí misma está llevando al país a la recesión económica y a la pobreza, pero su receta de recomendaciones sigue siendo la misma: fortalecer la seguridad, vigorizar el Estado de Derecho, desmantelar las redes criminales, desarrollar comunidades adaptables y cohesionadas, más participación de la comunidad civil, reducir el acoso político sobre el adversario en aras del bienestar nacional
El 23 de mayo del 2018, justo semanas antes de que en México se realizara la histórica elección que permitió a Andrés Manuel López Obrador hacerse del gobierno de la república, el consorcio Lechero Lala, uno de los 20 mayores grupos privados de México que controla casi el 50 por ciento del mercado de leche en el país y que en los últimos 10 años se expandió con gran fuerza en los mercado de Estados Unidos y Centroamérica, cerró su centro de distribución de Ciudad Mante, Tamaulipas, alegando graves condiciones de seguridad para sus empleados y directivos debido a la violencia con la que operan los grupos criminales en aquella entidad, una de las más sangrientas en la disputa por el control del narcotráfico.
Dos meses antes, otro conglomerado multinacional (Femsa-Coca Cola), con el argumento de “preservar la integridad y la seguridad de sus empleados”, cerró su centro de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero, porque uno de sus empleados fue objeto de una “agresión injustificada”, lo que motivó que denunciara por escrito la “falta de condiciones necesarias para operar de manera eficiente y segura” en la entidad sureña, otra de las más violentas en México.
Y en mayo de ese mismo año, el Grupo México, uno de las tres consorcios transnacionales mexicanos con mayor presencia en América, presentó una queja ante el gobierno federal porque mercancía de su propiedad valuada en siete millones de dólares que se trasladaba en el ferrocarril veracruzano que controla la paraestatal Ferromex-Ferrosur, se perdió porque grupos delincuenciales descarrilaron el tren que se convirtió así en el séptimo ataques en la Ruta Puebla-Veracruz, causando daños a los sectores avícola, porcino y automotriz.
Estos incidentes, aunado a la información de que también en mayo del 2018 cerró en Madera, Chihuahua, la Mina de Dolores que pertenece a la compañía canadiense Panamerican Silver Corporation, lo que dejó temporalmente sin empleo a mil 800 trabajadores, y de que una de las principales distribuidoras de autos Ford en Celaya, Guanajuato, cerró en mayo del 2019 tras un atentado con armas de fuego a su edificio, fueron el pretexto ideal para que consultoras como Wilson Center Instituto México, el índice de Libertad Económica de Norteamérica del Fraser Institute y la Confederación Patronal de la República Mexicana, vaticinaran que los índices de inversión nacional y extranjera en México colapsarían por la violencia crónica en la nación, lo que provocaría un cierre masivo de empresas, recesión y cancelación de capitales foráneos, algo que desde el primer trimestre del 2018 vienen alertando no sólo para México, sino para todo el mundo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea.
De hecho, en octubre y noviembre de 2019, el Fondo Monetario identificó como el origen de la enésima crisis del capitalismo mundial, a la inestabilidad de los mercados como respuesta a la especulación financiera, la vulnerabilidad de los mercados ante rumores de devaluación de las monedas y caídas de las bolsas de valores, la posibilidad de guerras por los energéticos, el agua y la migración, la lucha comercial de Donald Trump con China y Europa, pero sobre todo porque el 80 por ciento de las economías a nivel mundial “enfrentan riesgos de liquidez en entidades financieras no bancarias, hecho que no se había visto desde el punto más álgido” de la crisis financiera ocurrida hace una década, cuando en México devastó las finanzas del gobierno que inició la ola de violencia que flagela a México: el de Felipe Calderón Hinojosa.
El FMI no dejó de resaltar en su estudio del por qué desde 2019 la economía mundial entró en alerta, un hecho que los grandes grupos patronales casi siempre minimizan o desechan en sus análisis económicos y políticos: “La deuda empresarial mantiene rentabilidad negativa, tendencia que podría durar los próximos tres años”.
Ante este árido escenario global, la Secretaría de Economía reveló el pasado 20 de noviembre –y sorprendió a propios y extraños– que de enero a septiembre de 2019, la economía mexicana recibió un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) por 26 mil 55.6 millones de dólares, un incremento de 7.8 por ciento respecto a lo mostrado en el mismo período, pero de 2018, cuando se recibió un flujo de 24 mil 174.3 millones de dólares. Se trató de una de las cifras más altas de la última década para un periodo similar, sólo superado por el dato del 2013 cuando se registró la venta de Grupo Modelo a AB InBev.
La IED reconocida para los primeros tres trimestres de 2019 provino de 3 mil 759 sociedades con participación de capital extranjero, 2 mil 814 contratos de fideicomiso y 19 personas morales extranjeras. Por tipo de inversión (origen del financiamiento): a través de reinversión de utilidades, 55.2 por ciento; por nuevas inversiones, 36.1 por ciento; y, por cuentas entre compañías, 8.7 por ciento. Y por sector, las manufacturas recibieron 44.6 por ciento; en servicios financieros y de seguros, 13.9 por ciento; en comercio, 11.3 por ciento; generación de energía eléctrica, agua y gas, 5.8 por ciento; en información.
Esto sin duda revela que la inversión extranjera sí está llegando al país –incluso en montos históricos– pese a la crisis mundial y a la evidente violencia que sufre el país, ¿pero podemos decir lo mismo de los capitalistas mexicanos?
Luis Miguel González, director general editorial del diario El Economista, lo puso muy claro en una columna del pasado 20 de noviembre: “La información estadística disponible nos permite afirmarlo. Entre enero y agosto la Inversión Fija Bruta registra una caída de 4.6 por ciento. Este dato incluye inversión extranjera, inversión privada nacional e inversión pública. Si la inversión extranjera ha crecido en ese periodo, la caída en el agregado se explica por la baja en la inversión nacional, privada y pública. En el caso del gobierno, el descenso se explica por el subejercicio. En la inversión privada nacional, imposible no mencionar la desconfianza de los capitanes de industria nacionales”, líderes patronales que hicieron reducir en hasta un menos 5.5 por ciento la tasa de crecimiento de su inversión en el tercer trimestre del 2019, cuando el año arrancó con menos 2 por ciento.
Es verdad. El homicidio, el secuestro, la extorsión y los ataques vandálicos a instalaciones públicas y privadas han conseguido impactar en la inversión que se realiza en algunas regiones del país en donde la presencia del crimen organizado, que además ofrece grandes oportunidades de empleo e inversión en negocios ilícitos o legales, lo que le permite participar con el 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en los últimos 10 años, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se asentó por falta de políticas públicas efectivas contra el crimen y la corrupción de las autoridades en todos los niveles; esto desde los gobiernos neoliberales.
Pero no es cierto, como afirman algunos especialistas del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys) o de la Coparmex nacional, que la violencia por sí misma está llevando al país a la recesión económica y a la pobreza, situación que aquí someramente hemos explicado.
Por ello la receta de recomendaciones sigue siendo la misma: fortalecer la seguridad en México, vigorizar el Estado de Derecho, desmantelar las redes criminales, desarrollar comunidades adaptables y cohesionadas, más participación de la comunidad civil, defensa y respecto de los derechos humanos y reducir el acoso político sobre el adversario en aras del bienestar nacional.
Javier Cruz Aguirre
Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.
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