Jaime Flores Castañeda, al DIF municipal /
Exdiputado federal del PRI en la LXI legislatura federal, y exsubdelegado de Infonavit para Chihuahua en el sexenio del expresidente, Enrique Peña Nieto, el priísta, Jaime Flores Castañeda, se hará cargo de la política de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el gobierno ‘moreno’ de Cruz Pérez Cuéllar.
Será soporte y el hombre confiable en el andamiaje político y presumible empoderamiento de la presidenta del DIF, Rubí Enríquez.
El también excolaborador de gobiernos municipales tricolores, el último con Enrique Serrano Escobar, como director general de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), tendrá la tarea de ‘empoderar’ el DIF municipal en nuevo nivel, en una dependencia que históricamente se ha dejado a las primeras damas de los alcaldes en turno, en actividades sociales, de ‘corte de listones’ y de ayuda a los menesterosos.
Pero hasta allí. Nada que trascienda más allá en el ejercicio político del DIF municipal.
Compañero de generación de la carrera de Derecho del actual presidente municipal en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), desde los tiempos del famoso JUS-PAX, donde también convergieron el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral y panistas como Raúl García Ruiz, Javier Palacios y Rogelio Loya, y priístas como el exdiputado local y actual Notario, Héctor Arcelus Pérez, Jesús Limón y Arturo ‘El Pachis’ Rivera, hoy Oficial Mayor en el gobierno local, Jaime Flores ha sido convocado a participar en el proyecto de gobierno abierto del partido de Morena, ganador de las elecciones de junio pasado.
El exdiputado federal del PRI, que buscó sin éxito, la posibilidad de contender en las elecciones de 2018 y 2021 como candidato a diputado federal, y también a diputado local, y que tocó las puertas de Carolina Viggiano en el Comité Ejecutivo Nacional, y de Graciela Ortíz González, la excandidata de ese partido a la gubernatura de Chihuahua, decidió aceptar la nueva propuesta para integrarse al DIF municipal.
Recién acaba de incorporarse a las nuevas tareas, Flores Castañeda no es el primer priísta, y quizás tampoco sea el último en el nuevo giro de gobierno abierto y plural de quien conduce los destinos de un gobierno emanado del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, que, por la integración de los colaboradores, ha sido acremente criticado por los correligionarios del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El expresidente de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Derecho en la UACJ, anda como chaval con zapatos nuevos.
Resentido por la cerrazón del PRI, que hace años lo convirtió en diputado federal por el Distrito Electoral 01, Jaime Flores es un nuevo ‘activo’ político que se integra al proyecto político de largo plazo del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
Ian Gerardo Hernández, limpiará el jurídico /
Por cierto, que hablando de priístas, convocados con nueva responsabilidad en el gobierno municipal, anote al capitalino, Ian Gerardo Hernández, que anduvo con la ‘matraca’ y ayudando al ahora presidente, desde mucho tiempo antes que llegara siquiera al Senado de la República en 2018.
Tuvo amplia experiencia administrativa y política en Pensiones Civiles del Estado (PCE) y en Educación, con Marcelo González Tachiquín en el sexenio de César Duarte, y ahora es el responsable del área jurídica de la policía municipal, donde algunos ‘vivos’ abogados, creen que le pueden ver la cara.
Allí circula en redes sociales, la carta que fue dirigida al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar y al jefe de la policía, César Omar Muñoz, donde exhiben a la subdirectora del Jurídico, Nadia Soto Villasana, exdirectora del jurídico con el exalcalde Armando Cabada, y protegida de Sergio Almaraz, a quien acusan de ‘grave’ corrupción al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Un exabogado que laboró cinco años en esa dependencia, decidió denunciar a Soto Villasana como la “informante” de Sergio Almaraz y del equipo de la policía municipal, de la que también fue parte el extitular, Ricardo Realivazquez Domínguez, señalado en múltiples denuncias en presuntas alianzas con la delincuencia organizada.
De acuerdo con la información de la denuncia que ha sido ventilada públicamente y que fue enviada al presidente y al secretario de Seguridad Pública, Nadia Soto tiene amplia experiencia en “vender” las diligencias a los abogados, a quien les manda unidades de la policía, a cambio de dinero.
También esquilma a los propios policías, a quienes solicita dinero para arreglar los choques de las unidades, hace negocio hasta con los uniformes del personal y hasta cobra una cuota por devolver los carros ‘chuecos’ que son retenidos a los ciudadanos.
Menuda tarea para Gerardo Hernández, que deberá abrir, con la venia del titular, César Omar Muñoz, una carpeta de investigación con el apoyo de Asuntos Internos, para investigar todos los pormenores de las actividades y posibles denuncias existentes en contra de Nadia Soto.
Hay muchos empleados y funcionarios vinculados en los señalamientos, y llegan hasta el Jurídico de la presidencia municipal, donde también se señala al abogado Miguel Mendoza, su protector y gente de las confianzas de Alberto Guzmán, abogado y amigo del expresidente municipal.
En el batidero, que tendrá que arreglar el presidente municipal y el jefe de la policía municipal, aparecen también denuncias sobre la cofradía y presunta participación de un grupo de abogados ‘especialistas’ en resolver casos ‘graves’ de delincuencia, para liberar a los detenidos.
Y en esa lista aparecen Luis Armando Castañeda, Diana del Toro y Pablo Padilla, quienes se encargan, cuenta el denunciante, en armar premeditadamente mal los expedientes a la fiscalía general del Estado, para que estos se caigan con la colaboración también de los Ministerios Públicos y/o jueces, si los casos llegan a sus manos.
Conociendo a Gerardo Hernández Iann desde hace muchos años, poseedor de una trayectoria intachable y con capacidad para resolver problemas de gran envergadura, allí esta esa ‘maroma’ que se le endilga a Nadia Soto Villasana y a Miguel Mendoza.
Beto Reyes Rojas, de Perú, al tragadero /
Desempacado de tierras incas en el Perú, el exregidor del PRI, Alberto Reyes Rojas llegó al tragadero de la Paseo Triunfo de la República, para anunciar que sigue amarrado a la Agrupación Nacional de Regidores de México (ANAREM), y por lo tanto ‘existe’.
Estuvo acompañado del ex presidente de la JMAS en los tiempos de Reyes Baeza, el ingeniero Ernesto Mendoza Viveros, de la última camada de viejos priístas que se resisten a cambiar de ‘piel’ y a dejar los ideales y la chamba en apoyo al partidazo (PRI).
Reyes Rojas fue fundador de ANAREM en 2016, y es por lo tanto expresidente honorifico de la agrupación de los 15 regidores que le dieron vida a la agrupación, y le tocó viajar a esas lejanas tierras los días 9, 10 y 11 de noviembre pasado.
Acompañó al actual presidente de ANAREM en el país, Aldo Arguetta, regidor por Michoacán y a la secretaria general, Paula Elizabeth Perera, edil de Puerto Morelos, Quintana Roo.
Se ve que el viajero a las tierras del Machu-Picchu, en la provincia de Cuzco, tiene ganas de regresar a la talacha partidista y a recuperar los espacios perdidos durante las elecciones recientes de 2018 y 2021.
Tan drástica fue la caída de los priistas en todo el país, que el propio Beto Reyes Rojas, dijo que de 10 mil regidores pertenecientes al PRI, solo quedan ahora poco menos de 4,500, y todo se atribuye a las recientes derrotas electorales.
Ahora busca que la ANAREM no desaparezca, y en esos afanes andan los 15 fundadores de la agrupación política nacional, y solo algunos de ellos, alguna vez presidentes.
POSDATA. Casi les da un infarto a los paseños /
Casi les da un infarto a varios paseños, retrasados de noticias, que apenas se enteraron de la negociación y presunta venta de El Paso Electric Company a JP Morgan Chase Bank, por la ‘módica’ cantidad de 4.3 billones de dólares.
A poco más de un año de la transacción, miles del otro lado del Bravo, ni tiene idea, ni mucho menos se han enterado de la ‘noticia’ y de los nuevos propósitos y repercusiones de servicios y cotos con el grupo bancario que se ha quedado con la compañía de electricidad de la vecina ciudad.
Dicen que no hubo consulta a los ciudadanos y residentes que viven del otro lado de la frontera. Y cuentan incluso, hasta ‘historias’ sobre la venta de la misma, acelerada por presuntos actos de corrupción en altos niveles.
Así andan algunos ‘lampareados’ paseños, que traen las ‘nuevas’ de la venta y negociación de El Paso Electric.
Mario Héctor Silva
Periodista y Analista Político.
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