Tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. Diría un extinto político mexicano. Al unísono, se pide que se solucione una de las demandas más constantes en la agenda pública: la falta de alumbrado público en la ciudad. El gobierno ha puesto en de su agenda, tan legítima preocupación. El “cómo” ha provocado diversas posturas.
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Para algunos, Juárez Iluminado, proyecto cumbre de la administración municipal que encabeza el independiente Armando Cabada, representa -irónicamente- un proyecto oscuro; con rasgos de opacidad y altos riesgos financieros para nuestra frontera. Para otros, es una solución viable y que genera confianza ciudadana.
A grandes rasgos, Juárez Iluminado contempla la reparación, reemplazo y reposición de aproximadamente 109 mil luminarias ubicadas en todo el municipio, mediante un esquema de Asociación Público-Privada en el que el ayuntamiento contrata a un privado para que sea este quien invierta una cantidad de aproximadamente 760 mdp, con el fin de proveer la infraestructura necesaria para el proyecto, y una vez que estén funcionando en su totalidad las luminarias, el gobierno municipal comenzaría a pagar por su mantenimiento, operación y reemplazo de materiales en caso de ser necesario, no antes, no después.
Para esto, la empresa ganadora deberá cumplir con el plazo de un año para realizar la labor y en caso de extenderse, recibirá su pago hasta que esté finalizada la instalación. Es así que el municipio desembolsará un aproximado de 22 millones de pesos al mes, calculados sobre un promedio de la recaudación en el mismo tiempo, que ya se hace, del Derecho de Alumbrado Público.
Es conveniente aclarar, que ese monto no puede ser mayor a la cantidad mencionada. El riesgo y por lo tanto la utilidad que pudiese darse corre a cargo de las gestiones y contratos en el costo de la energía que el privado realice con la CFE, Biogas, páneles solares, tecnología LED, etc. La empresa ganadora paga el costo de la energía.
Desde luego, -mencionan los opositores- la empresa privada busca lucrar. Aunque resulta difícil (hasta imposible) pensar que un privado no quiera hacer negocio -pues es su naturaleza- también es cierto, que el esquema de las APP obliga a transparentar a los privados lo que realizan con dinero público. Los candados legales, la supervisión y vigilancia existe por parte del Congreso local y la Hacienda Federal. No hay pretextos, en este proyecto no puede haber opacidad ni primacía capitalista, si antes no se atiende la demanda pública, así lo dice la ley.
Un punto medular es la forma de financiación. La oposición señala que se trata de una Deuda. Habría que aclarar, que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios señala explícitamente qué es una deuda y qué es una Asociación Público-Privada. El servicio de alumbrado público es una obligación del municipio que puede atenderse mediante el esquema de APP (también lo señala la ley). Por lo tanto, deuda y obligación no pueden congeniar, ni legal ni financieramente.
Como ya mencioné, la forma de pago sería por medio de lo que hoy se recauda del DAP. Anticonstitucional, dirían muchos. Cierto. Pero eso no exime de su obligación al municipio de pagar por la energía y brindarla. Ese dinero debe existir de una u otra forma. En lo que se resuelve el tema de su validez jurídica, -o su implementación- el compromiso existe hoy, y ese dinero no puede invertirse en otra cosa que no sea el alumbrado público (por la misma naturaleza de su nombre). La idea de utilizar este recurso para otras áreas, simplemente no puede darse.
Se devuelve mucho dinero cuando alguien se ampara contra el DAP, lo cual significa menor recaudación ¿cómo se cumplirá con el pago mensual si falta dinero? Se cuestiona acertadamente. Bien, según información del Plan Estratégico de Ciudad Juárez (a quien nadie acusará de Cabadistas) el monto de la devolución por motivo de los amparos ha venido disminuyendo drásticamente, mientras que el de la recaudación del DAP sigue en aumento.
Se pierde de vista que la intención de Juárez Iluminado es que no exista problema alguno en la provisión del servicio de alumbrado público. De ser esto así, los amparos seguirían disminuyendo, pues no habría causal para su procedencia.
¿Y qué ocurre si aun así el DAP es insuficiente? De nuevo, los 22 mdp mensuales que se estarían pagando constituyen, un promedio de lo recaudado. Es dinero que ya se recauda y se sigue haciendo así derivado de que el DAP se cobra con base en un monto fijo, y no se aplica en porcentaje por consumo, desde hace unos años a la actualidad.
Se insiste, repito, con justa razón. Si no se completa el pago, ¿de dónde se financia Juárez Iluminado? La ley de Asociaciones Público-Privadas estatal establece que debe existir una garantía de pago, para brindar certeza en la inversión al privado, que lo blinde en un evento desafortunado. No es decisión por lo tanto, como se piensa, del Ayuntamiento, ni una imposición autoritaria de la fracción Independiente.
Los ciudadanos pueden presionar a los partidos políticos, que a su vez pueden presionar a sus legisladores para que modifiquen la ley. Mientras esto no ocurra, el proyecto deberá apegarse a los lineamientos jurídicos. La garantía de pago en este caso, son las participaciones federales. Repito, al ser una obligación, el recurso debe existir, con o sin DAP, con o sin participaciones federales, y el mecanismo de garantía de pago está establecido por la ley.
El supuesto aumento del 5% en el recibo de la luz, del que también se habla mucho, constituye una ajuste inflacionario que blinde ante desbalances del mercado al privado. No es un aumento en el costo de la energía, sino simplemente una práctica regular en un ejercicio de proyecciones financieras, establecido de igual forma por la ley. Si se está en contra de esto, también se puede solicitar que se modifique por medio de los legisladores.
Sólo queda esperar la discusión y eventual votación del proyecto en el Congreso del Estado, que no puede pasar de este mes. La licitación podría darse en julio y posteriormente la elección del ganador en uno o dos meses después, para comenzar con la instalación que tendría que estar en su totalidad, como mencioné anteriormente, en un año. Para septiembre u octubre de 2020, la gente tendría que ver un cambio favorable en este rubro.
De no ser así, la relación contractual podría terminar, y la infraestructura del privado pasaría a ser propiedad del municipio. Hay que fijar la atención en que el 95% de las luminarias deberán ser instaladas para que la empresa reciba su pago total y puntual. Aquí tampoco hay pretextos, no hay información oculta. Se tiene que hacer, de lo contrario el privado estaría cometiendo a todas luces, ademá de un fraude hacia los juarenses, un suicidio contra su propia empresa, pues pierde su inversión millonaria.
Un asunto viene a la mente, sobre todo de aquellos que dudan de JI. Un crédito contratado con Bancomer por 349 mdp para sustituir 85 mil luminarias, que en efecto deberían estar funcionando, durante la última administración municipal priísta. La realidad es que la obligación existe, las luminarias no.
La actual administración se ha visto envuelta en un conjunto de litigios que ciertamente le han sido desfavorables, pero nadie puede dudar de la disposición de diversos funcionarios públicos, incluyendo el Pdte. Municipal para llevar las denuncias ciudadanas ante instancias como la Fiscalía General del Estado.De esto hay evidencia.
Tampoco se puede dudar de la disposición para postergar el proyecto con el fin de brindar mayor confianza y ajustarlo a la ley, en este caso, de las Asociaciones Público-Privadas. Podríamos seguir mirando al pasado, pero mientras eso ocurre, el presente nos exige un servicio de calidad.
Juárez Iluminado nos recuerda que somos una comunidad, que solo a través de la participación ciudadana que cuestiona, exige, aporta y vigila, podremos llegar a una sociedad más armoniosa y aun romance democrático que tenga como resultado más y mejores políticas públicas.
Eso, es de aplaudirse. Bienvenida la propuesta, bienvenida la crítica, la oposición. Pero siempre hay que ver por el interés general y el bien común. Y si se defrauda la confianza, que sea la ciudadanía quien imponga la sanción moral, jurídica y política a los servidores públicos. Tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario.
Luis Carlos Casiano
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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