Ciudad Juárez enfrenta una paradoja cada vez más evidente: mientras se consolida como una de las ciudades más dinámicas del norte del país, el acceso a una vivienda asequible se vuelve un privilegio fuera del alcance para miles de familias trabajadoras. La escasez de vivienda social —aquella orientada a los sectores de menores ingresos— es ya una crisis silenciosa que amenaza con perpetuar la desigualdad urbana.
Las razones son múltiples, pero todas están conectadas a una falla estructural en la política de vivienda a nivel nacional y local. Desde la desaparición de los subsidios federales en 2019, las familias que ganan menos de 8 mil pesos mensuales quedaron fuera del mercado formal de vivienda nueva. Las constructoras, enfrentando el aumento en los precios del suelo, materiales y mano de obra, han optado por dirigir sus inversiones hacia desarrollos de nivel medio, más rentables y menos riesgosos.
Además, la falta de planeación urbana efectiva ha convertido al suelo urbanizable en un recurso escaso y costoso. A esto se suma que los gobiernos locales no han generado esquemas de suelo asequible ni han exigido a los desarrolladores que reserven porcentajes de sus proyectos para vivienda económica.
En este contexto, el esfuerzo reciente del Gobierno Federal y local por reactivar la vivienda social es una señal positiva. A través del programa nacional de autoproducción asistida y el fortalecimiento de créditos accesibles para trabajadores no afiliados, se busca abrir nuevas puertas a quienes históricamente han sido excluidos del sistema formal. Estas acciones, si bien limitadas aún en alcance, pueden representar un alivio importante para miles de familias en ciudades fronterizas como Juárez. Sin embargo, su efectividad dependerá de su correcta implementación local y de la voluntad de los gobiernos estatales y municipales para complementarlos con acciones de suelo, infraestructura y planeación.
Juárez puede y debe replantear su estrategia de desarrollo urbano con una visión de justicia social deberán alinear esfuerzos locales con los programas federales, facilitando suelo, trámites y servicios en zonas donde se desarrollen proyectos de vivienda económica.
Crear un banco de suelo público para impulsar desarrollos de interés social en zonas con servicios y conectividad.
Establecer convenios con constructoras, ofreciendo incentivos fiscales o apoyos técnicos a quienes incluyan vivienda social en sus planes.
Apostar por la densificación inteligente, construyendo viviendas verticales accesibles cerca de corredores de transporte y empleo.
La vivienda no debe verse solo como un bien comercial, sino como un derecho humano y una base para el desarrollo de comunidades seguras, productivas y cohesionadas. Si Juárez aspira a ser una ciudad moderna y justa, necesita empezar por garantizar techo digno a quienes la sostienen con su trabajo todos los días.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
