“Learning to Fly” – Pink Floyd (1994)

“A soul in tension that’s learning to fly,
condition grounded but determined to try.”

Hay momentos en que una sociedad entera
parece esa “alma en tensión” que
describe Pink Floyd: anhelante de elevarse,
decidida a intentar lo imposible,
aunque todo a su alrededor la ancle.
Así se ha sentido México y hoy;
con su Poder Judicial.

Por décadas, el Poder Judicial en México ha sido como un castillo amurallado: imponente, inaccesible y resguardado de los ojos ciudadanos. Su influencia ha moldeado vidas y destinos, pero pocas veces ha abierto sus puertas para rendir cuentas ante el pueblo. En ese contexto, la elección popular de jueces y magistrados en Chihuahua —y en todo el país— no es solo una novedad institucional. Es un hito en la historia democrática de México.

El 1 de junio de 2025, los chihuahuenses participarán en una elección histórica para renovar diversos cargos dentro del Poder Judicial del Estado. Además de las magistraturas y los juzgados de primera instancia, también se elegirán magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial. En total, los cargos a elegir son:​

• Tribunal de Disciplina Judicial: 5 magistraturas (3 para mujeres y 2 para hombres).​
• Tribunal Superior de Justicia: 30 magistraturas (15 para mujeres y 15 para hombres).​
• Juzgados de Primera Instancia y Menores: 270 juezas y jueces (135 mujeres y 135 hombres).

Este proceso es resultado de la Reforma Judicial Mexicana de 2024, que busca democratizar la elección de los funcionarios judiciales en el país.

Este cambio es parte de la Reforma Judicial Mexicana de 2024, que abre las puertas para que el Poder Judicial deje de ser una élite designada desde las alturas y comience a construirse desde abajo, con respaldo ciudadano.

Esto no es un simple ajuste técnico. Es una transformación profunda y para entender su alcance, hay que mirar atrás.

Desde el México posrevolucionario hasta bien entrado el siglo XXI, los jueces fueron nombrados por presidentes, gobernadores o cúpulas políticas. No respondían al pueblo, sino a quien los colocaba. En muchos casos, la justicia se administraba con criterios políticos, no legales. La independencia judicial era más discurso que realidad; ojo, su servidor, en mi camino recorrido profesionalmente hablando, he conocido a la mayoría que vienen de una carrera judicial que eso es mucho decir en relación a la admiración y respeto por los que salen, pero también es muy bien sabido que hay que moverse “arriba” para poder llegar o quedar y la gran mayoría de las veces depende de “afinidad política” al menos.

Por eso, permitir que la ciudadanía elija directamente a sus jueces no es un capricho, ni una moda importada. Es un acto de justicia histórica para este país. Si sacamos un poco la cabeza y observamos el ámbito internacional, la mayoría de los países que se jactan o bien que tienen fama pública internacional de tener un sistema judicial justo, cuentan con un sistema democrático para la elección de sus juzgadores, aquí la cosa es que la democracia judicial no se agota en el voto, también se construye día a día en los tribunales, en los juzgados y en cada expediente. En este proceso, los litigantes tenemos una responsabilidad enorme: como intermediarios entre el ciudadano común y el sistema judicial, nuestra labor debe ir más allá del trámite en sí, debemos asumir un papel activo como garantes de la legalidad, observadores críticos del funcionamiento del Poder Judicial y actores que, desde la práctica diaria, exijan ética, capacidad y transparencia, porque dígame usted: ¿Quién mejor que el litigante para ser ese medio entre la sociedad y el juzgador?

Para que eso funcione, hay que ir más allá de la buena voluntad y espero no me dejen de hablar mis colegas o me condenen a la hoguera al estilo de la película “La letra escarlata” (si no la ha visto… de lo que ha perdido) Lo que sigue es avanzar hacia la colegialización obligatoria de la abogacía ya que viene a ser congruente con el modelo que se está siguiendo y nadie habla de ello. No podemos hablar de justicia profesional si cualquier persona con un título puede ejercer sin demostrar conocimientos actualizados, sin formación continua y sin mecanismos de control profesional. La colegialización permitiría separar a los verdaderos especialistas de quienes improvisan y daría certeza jurídica a los ciudadanos que requieren asesoría o representación, fortaleciendo la confianza en el sistema ya que el sistema mismo tendría un registro de quienes si pueden intervenir como profesionistas autorizados por el mismo a través de habilitación, certificación, profesionalización o bien licencia para ejercer tal o cual rama.

Un ejemplo claro de que sí es posible un modelo más riguroso es la correduría pública, y esto lo digo por la experiencia ya que para ser Corredor Público se requiere aprobar un examen federal que acredita no solo el conocimiento del derecho comercial, sino también la preparación técnica para actuar como auxiliar del comercio y del sistema de justicia y créanme no cualquiera puede hacerlo, implica mucho estudio no solo en ramas jurídicas, por lo que se vuelve una figura especializada, regulada y exigente. Si ya tenemos un precedente, ¿por qué no replicar ese modelo para quienes quieren litigar o impartir justicia?

La elección de jueces y magistrados por voto directo es apenas el umbral de un cambio mayor. Democratizar la justicia no consiste únicamente en abrir las urnas, sino en elevar los estándares morales, intelectuales y cívicos de quienes integran el sistema. Se trata de edificar un poder judicial cimentado en la integridad, el conocimiento y el compromiso con el bien común.

Porque no basta con elegir; hay que merecer. Los jueces, los abogados, los magistrados, deben ser más que operadores jurídicos: deben ser pilares éticos, custodios de la legalidad y artesanos del equilibrio social. Solo así podremos abandonar la apariencia de justicia para abrazar su verdadera esencia: una justicia viva, operante, igual para todos, y digna de la confianza del pueblo.°.

Alfonso Becerra Allen

Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.