La comida chatarra en las escuelas: la dieta que pesa en el corazón familiar.

¿Qué onda con los nuevos lineamientos que entraron en vigor en nuestro estado? Hoy nos enfrentamos a un cambio radical en la cotidianidad de alumnos, padres de familia e instituciones educativas. Lo que antes era una tradición escolar —como llevar un sándwich, una galleta o comprar una torta de jamón en la cafetería— ahora está prohibido. Todo alimento con azúcar, grasa o sal ha sido criminalizado bajo esta nueva normativa.

Si bien el objetivo es reducir la obesidad infantil en un país con alarmantes índices de sobrepeso infantil, la medida tiene efectos secundarios que van más allá de la salud: golpea la economía familiar, transforma la dinámica diaria y genera un clima de temor ante posibles sanciones. En lugar de apostar por la educación alimentaria, el Estado recurre a la prohibición, una táctica que históricamente ha demostrado ser poco efectiva y hasta contraproducente.

Más que prohibir, necesitamos educar. Porque un jugo en la lonchera no convierte a un niño en criminal, pero sí evidencia la falta de estrategias integrales para combatir esta problemática.

Contexto: la obesidad infantil como crisis silenciosa

Seamos claros: no todos contamos con las condiciones económicas ni sociales para acatar lineamientos que van más allá de nuestro bolsillo. En un estado donde las oportunidades son desiguales y el acceso a alimentos saludables es limitado, exigir a las familias que cumplan con normas alimentarias estrictas resulta desproporcionado.

No todos pueden costear pan integral o frutas frescas, especialmente en zonas donde la única opción accesible es la panadería de la esquina. Además, el entorno geográfico juega en contra: en regiones áridas o con climas extremos, no es viable esperar que las familias accedan fácilmente a productos frescos y naturales.

Si bien es válido retirar la comida chatarra de las cafeterías escolares, no se debe trasladar la carga a las familias. Los padres no deberían sentirse obligados a cumplir con especificaciones alimentarias que afectan su economía. En lugar de imponer restricciones, el Estado debería centrarse en capacitar a las familias en educación nutricional, porque un lonche o un jugo en el recreo no son los responsables directos de la obesidad infantil.

Las familias entre la salud y el bolsillo

Mientras las autoridades insisten en prohibir ciertos alimentos en las escuelas, las familias enfrentan las consecuencias directas. Ahora, los padres deben comprar productos más caros y específicos, generalmente distribuidos por grandes marcas, lo que afecta su economía. Esta situación también margina a los productores locales, cuyos alimentos, aunque menos procesados, quedan fuera del mercado escolar. Después de todo, ¿qué tan perjudicial puede ser que un niño coma una concha o un bolillo con queso en el recreo?

El descontento es generalizado: regular las cafeterías para ofrecer opciones más saludables tiene sentido, pero meterse con la alimentación que los padres brindan desde casa resulta excesivo. Esta injerencia no solo afecta la economía familiar, sino que también crea un ambiente de miedo en los niños. Ahora, un pequeño puede sentirse culpable por comer un sándwich o un jugo, algo que nunca debería generar angustia.

Seamos realistas: la mayoría de los padres que trabajan buscan opciones rápidas y accesibles para el almuerzo escolar. Preparar un lonche, un yogur con fruta o incluso una galleta casera no debería considerarse un acto irresponsable. La alimentación infantil no se mejora con prohibiciones tajantes, sino con educación nutricional que involucre a padres, maestros y estudiantes.

Además, la medida ignora las diferencias sociales. No todas las familias tienen acceso a supermercados con productos orgánicos o integrales. En muchas comunidades, lo más accesible es la panadería del barrio o la tienda de abarrotes local. Criminalizar estas opciones solo profundiza las desigualdades.

En lugar de imponer lineamientos que castigan a las familias, el Estado debería centrarse en programas de educación alimentaria, apoyos económicos para adquirir alimentos frescos y políticas que regulen la calidad de los productos escolares sin demonizar las decisiones familiares. Porque la clave no está en prohibir, sino en educar para nutrir.

Estrés psicológico en los hogares y escuelas

En los últimos meses, los padres de familia han tenido que enfrentar una situación inesperada: ver a sus hijos sufrir un estrés innecesario relacionado con la alimentación escolar. Lo que antes eran productos normales en el recreo —como un jugo o un sándwich— ahora son vistos como “ilegales” en las aulas. Los maestros, en su afán por hacer cumplir las normas, terminan criminalizando alimentos cotidianos, generando miedo en lugar de educar.

En lugar de promover un entorno escolar saludable, estas medidas excesivas están traumatizando a los niños. En vez de aprender sobre una nutrición equilibrada, ahora sienten culpa o temor al abrir su lonchera. Si bien es válido implementar programas de salud para niños con problemas de obesidad, generalizar la prohibición a todos los estudiantes solo genera confusión y ansiedad.

Además, estas políticas extremas podrían tener efectos contraproducentes. Si bien la intención es reducir la obesidad, este tipo de prohibiciones rígidas pueden desencadenar otros trastornos alimenticios, como la anorexia o la fobia a ciertos alimentos. El miedo constante a “comer algo prohibido” puede deformar la relación de los niños con la comida, generando consecuencias emocionales a largo plazo.

Por otro lado, los maestros, aunque solo intentan cumplir con las exigencias del gobierno, terminan atrapados en un rol que no les corresponde: supervisores de la moral alimentaria. La desconexión entre los legisladores y la realidad diaria de las escuelas es evidente. Las buenas intenciones no bastan si las políticas se aplican de forma rígida, deshumanizando a los niños y generando estrés innecesario en las familias.

Lo que realmente necesitamos es un equilibrio: medidas que promuevan la alimentación saludable sin caer en la criminalización de los alimentos cotidianos. Educar en lugar de prohibir. Acompañar en lugar de castigar. Solo así podremos fomentar hábitos duraderos sin afectar el bienestar emocional de nuestros hijos.

Educar para nutrir, no para castigar

La lucha contra la obesidad infantil no debería traducirse en medidas punitivas que afecten la economía familiar ni generen estrés en los niños. Prohibir ciertos alimentos en las escuelas puede parecer una solución rápida, pero en realidad es un parche superficial que ignora la raíz del problema: la falta de educación nutricional accesible para todos. Un niño no aprenderá a alimentarse mejor sintiendo miedo o culpa, sino comprendiendo el valor de la comida saludable a través del ejemplo y la orientación.

Además, esta política demuestra la desconexión de los legisladores con la realidad de las familias. No se puede imponer una alimentación “de catálogo” en un país con profundas desigualdades económicas, donde muchos padres apenas pueden costear lo básico. Criminalizar un jugo o un sándwich no reducirá la obesidad, pero sí añadirá una carga emocional y financiera a las familias.

Si realmente queremos combatir la obesidad infantil, debemos hacerlo con sensatez y humanidad: brindando acceso a alimentos saludables a precios accesibles, impulsando programas educativos efectivos y acompañando a las familias con empatía. La clave no está en prohibir, sino en formar ciudadanos con criterio alimentario, capaces de tomar decisiones sanas sin miedo ni culpa.

Daniel Alberto Álvarez Calderón

Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.