Hace ya 66 años, la Cuadragésima Quinta Legislatura del Estado, creaba por decreto la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, institución que nace para atender más que una necesidad, una exigencia del sector del magisterio del subsistema estatal de educación en torno a la seguridad social y prestaciones de las y los trabajadores.
Años después de su creación, se encomienda a dicha dirección, el funcionamiento y prestación de los servicios médicos para los trabajadores del magisterio estatal, incorporando al paso del tiempo incluso la prestación de servicios médicos para las personas trabajadoras y funcionarias de Gobierno del Estado.
Historia aparte, la problemática situación financiera de Pensiones no es desconocida: arrastrando adeudos, se han dejado de percibir grandes montos que orillan a este organismo a incumplir sus obligaciones, cargando con una cruz de olvido que le han impuesto administración tras administración.
Recordemos que esta institución, si bien refleja en mayor medida su carácter de prestador de un servicio médico, nació y se mantiene como una institución a cargo de la seguridad social en cuanto a prestaciones socioeconómicas como fondos de ahorro para el retiro, pensiones, jubilaciones y préstamos económicos, por lo que, ignorar la delicada situación, pone en riesgo prestaciones ganadas por las y los trabajadores, como el ingreso garantizado para quienes se han separado de sus labores, así como la atención médica vitalicia, derechos que les corresponden.
Sin embargo, a Pensiones lo sustentan en mayor proporción, las personas trabajadoras en activo con sus aportaciones; mientras la Gobernadora privilegia al empresariado, omite publicar decretos que le podrían permitir a esta Institución que las aportaciones de seguridad social sean consideradas contribuciones y, por tanto, créditos fiscales exigibles para que los recursos recaudados por tal concepto ingresen directamente a su patrimonio y le permitan hacer frente a sus obligaciones para con las y los trabajadores.
Lo anterior no es cosa menor cuando tenemos que, de entre sus deudores, tan solo el principal que es la UACH, le debe a Pensiones alrededor de $1,700 millones de pesos, mismos que solo puede dejar a la buena voluntad de pago de la Universidad.
El déficit de Pensiones Civiles es impostergable de atender y por más declaraciones públicas, solo sigue siendo muestra de la corrupción que agrava su quiebra financiera. Las quejas de las personas derechohabientes son una constante, al igual que la indiferencia y la cruz de olvido que carga. Quizá sería hora de que, tal como lo dice la Gobernadora, se empiece a resolver la situación de desabasto en casa.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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