En México enfrentamos una profunda crisis de seguridad pública que no solo se manifiesta en los alarmantes índices de violencia, sino también en las raíces estructurales que alimentan esta problemática: la ilegalidad y la falta de civilidad. La suma de las faltas individuales afectan la convivencia social y el gobierno encargado de mantener el orden, prefiere soslayar el problema.
Vendedores ambulantes invaden la vía pública, letreros de no estacionarse que son francamente ignorados, autotransporte sin órden, peatones, bicicletas, motos, autos, y camiones de carga, hacen lo que quieren sin que exista una autoridad que ponga límites, salvo los establecidos por la corrupción policíaca. Ser inspector de protección civil o de mercados, equivale a tener un permiso para cobrar derecho de piso. Estas dinámicas no son fenómenos aislados; están intrínsecamente relacionadas y generan un círculo vicioso que perpetúa la impunidad y la inseguridad en el país.
La ilegalidad en México no se limita a los grandes crímenes como el narcotráfico o el lavado de dinero; está presente en las prácticas cotidianas que, aunque parecen menores, afectan profundamente el tejido social. Desde el soborno a un policía de tránsito hasta la piratería o la evasión fiscal, la ilegalidad ha sido normalizada como una forma de supervivencia o conveniencia en un contexto donde las instituciones no siempre garantizan justicia o igualdad de oportunidades. De los grandes problemas como el narcotráfico, se encargará Trump, si lo vemos como alguien que ayudando a su pueblo, nos ayudará a limpiar la casa. Sin embargo no veo a nadie que pueda encargarse de cambiar nuestra idiosincracia.
Este panorama se agrava por la debilidad institucional. Cuando los ciudadanos perciben que las leyes no se aplican de manera justa o que quienes cometen actos ilícitos no enfrentan consecuencias, se fomenta un ambiente de impunidad. Según datos recientes, más del 90% de los delitos en México no se denuncian o no se resuelven, lo que refuerza la percepción de que el cumplimiento de la ley es opcional y que los sistemas judicial y policial son ineficaces o corruptos.
Es por ello que el crimen organizado encuentra terreno fértil para operar. Los vacíos y la falta de control institucionales ha permitdo que estos grupos no solo se fortalezcan, sino que también se infiltren en las estructuras gubernamentales. El resultado es un estado paralelo donde la ilegalidad no solo se tolera, sino que se convierte en el sistema predominante en amplias regiones del país.
La falta de una cultura de civilidad, hace que no sean las normas básicas de respeto y convivencia, no contribuyan a la seguridad en México. Desde conductas aparentemente inofensivas, como no respetar señales de tránsito o arrojar basura en la vía pública, hasta actitudes más agresivas, como la intolerancia y el uso de la violencia para resolver conflictos, estas acciones están generando un país cada día más peligroso.
Cuando los ciudadanos no respetan las normas de convivencia, se crean espacios donde el desorden y la anomia son la norma. Estos espacios, a su vez, son aprovechados por grupos delictivos que operan con mayor facilidad en contextos donde no hay un sentido colectivo de responsabilidad ni un sistema de control social efectivo.
La combinación de estos factores también afecta a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Cuando las policías, los sistemas judiciales y las fuerzas armadas operan en un entorno de ilegalidad e incivilidad, sus esfuerzos son menos efectivos. La corrupción y la desconfianza hacia estas instituciones no solo limitan su capacidad operativa, sino que también refuerzan la percepción de que la seguridad es un asunto que cada ciudadano debe resolver por su cuenta.
En este escenario, muchas comunidades recurren a medidas desesperadas, que van desde cerrar las calles hasta las autodefensas y grupos de guardias blancas o simplemente se resignan a vivir bajo el control de grupos delictivos. Hoy la fuerza y la intimidación han reemplazado al diálogo y la legalidad.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
