Gran discusión y un mar de opiniones se han suscitado a raíz de la iniciativa del PRI presentada ante la Cámara de Diputados que enmienda el párrafo primero y adiciona los párrafos tercero y cuarto del Artículo Quinto Transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional, para dejar al Ejército en las calles realizando labores de seguridad pública.
Sí, el presidente Felipe Calderón inició esta práctica. Sí, el actual presidente criticó acremente dicha política antes de entrar como titular del Ejecutivo Federal. Ahora, dice el presidente, sin ambages, que se equivocó y confiesa públicamente que él promovió dichos cambios (aunque quien los presentó fue una diputada del PRI, que, por cierto, ya pidió una licencia definitiva para irse como funcionaria del novel gobierno del PRI en Durango, que llegó en alianza con el PAN y el PRD.
¿Por qué ahora quiere el presidente dejar hasta 2028 al Ejército en las calles, con autorización constitucional?
Al respecto, hay muchas especulaciones, la más creíble es que López desea aún mayor control del país mediante el uso de la fuerza del Ejército, y no para contener la inseguridad, sino para contener la oposición a su gobierno y a sus políticas.
El ejército no ha servido, como feamente se dice, “para maldita la cosa”, para atacar la inseguridad, y no necesariamente por ineficiencia (si el Ejército quiere, elimina en unos cuantos meses a todos los narcos del país. El problema es que también arrasaría con innumerables inocentes), sino por la fallida y verdaderamente irracional y absurda política presidencial de “abrazos no balazos”, además de que le ha retirado a Municipios, Estados y Ciudad de México, los fondos de apoyo para la seguridad.
La inseguridad debe combatirse con toda la fuerza del Estado. Ello no significa que debe de intervenir el Ejército. Las fuerzas armadas son creadas para mantener la integridad del Estado, para combatir principalmente enemigos externos o para atacar enemigos internos que intenten afectar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Podemos estar cercanos a esto último en algunos lugares del país, pero para que intervenga el Ejército no se necesita reformar la Constitución, porque cuando un problema de seguridad pública se convierte en un problema de seguridad nacional, no es necesario hacer cambio legal, ni mucho menos constitucional, para que el Ejército actúe.
Ahora bien, la Minuta que fue aprobada en la Cámara de Diputados para dejar al ejercito hasta 2028 haciendo labores de seguridad pública, no tiene sustento alguno, por diversas razones:
- Está más que probado que el Ejército no ha servido para contener la inseguridad.
- Si es necesario que el Ejército realice estas labores por una situación de emergencia, el nuevo gobierno que inicie en el 2024 deberá promover las acciones necesarias, y no este gobierno que ahora tiene bajo su cargo esa responsabilidad.
- Debe primero analizarse y atacarse las razones por las cuales no se han abatido los índices de inseguridad.
Ahora bien, ¿por qué el PRI en el Senado desea cambiar su postura firme que inicialmente mostró de oponerse a la Minuta de los diputados?
Por una simple razón, los priistas tienen mucha cola que les pisen y el gobierno sabe dónde pisárselas.
Ahora, algunos senadores del PRI han empezado a recular en su postura original proponiendo que se extienda la permanencia del Ejército en las calles, realizando labores de seguridad pública, pero con una constante evaluación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional (mal llamade “Bicamaral” {SIC}), que supervise el desempeño del Ejército en sus labores de seguridad pública, y con participación de organizaciones ciudadanas.
Ya vimos que el presidente por más que se establezcan contenciones legales o constitucionales hace lo que se le pega la gana. La reforma constitucional que aprobó la creación de la Guardia Nacional con mando civil nunca fue obedecida, mucho menos será obedecida una supuesta supervisión de la Comisión de Seguridad Pública dominada por Morena, por más intervención que haya de la sociedad civil.
Así que podemos fácilmente concluir que los Senadores del PRI deben permanecer firmes en su convicción original de no aprobar la Minuta de la Cámara de Diputados, de lo contrario dicho partido continuará en caída libre en las preferencias electorales que aún le quedan.
No nos dejemos llevar por la manipulación presidencial que le interesa mantener al Ejército en las calles para sus aviesos propósito de controlar políticamente a los mexicanos.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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