Fiel a su estilo, el Presidente monta un nuevo espectáculo ante un gobierno con nulos resultados. La consulta popular que propone para enjuiciar a 3 ex Presidentes carece de validez jurídica y tiene tintes electoreros.
El próximo lunes y hasta el 15 de septiembre será el tiempo que por ley se pueda tramitar la realización de una consulta popular para decidir si se enjuicia a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.
La ley contempla 3 procedimientos: que sean los ciudadanos quienes la soliciten siempre y cuando reúnan el 2% del padrón electoral nacional; que el legislativo lo haga por una tercera parte de su conformación y; que el Presidente lo haga. En estos 2 últimos casos la petición debe recibir el visto bueno de la Suprema Corte y dar luz verde al Instituto Nacional Electoral para llevarse a cabo.
Los argumentos del Presidente, más que pruebas contundentes para iniciar un proceso penal contra sus otrora homólogos, rayan en la confrontación mediática y en el espectáculo político rumbo a las elecciones intermedias del próximo año.
Como juez y parte, López Obrador coloca en la agenda pública este ejercicio pero a su vez, ha manifestado que su deseo no es mirar hacia atrás y que él votaría por no iniciar proceso a los ex presidentes, pues no es un hombre vengativo. Como si la justicia pudiera subordinarse a un mayoriteo, que para nada es sinónimo de democracia, hoy se plantea omitir la presunción de inocencia y el debido proceso para los acusados.
Pero ni siquiera existe un fundamento jurídico que avale la consulta en este rubro, pues no hay denuncia formal contra ningún ex mandatario, todas son acusaciones políticas y en caso de existir algún delito que perseguir, estos ya habrían prescrito. Si mucho, Peña Nieto podría ser enjuiciado.
Otro aspecto que habría que considerar sería la validez de las preguntas en la consulta, pues si no hay fundamento legal, la Suprema Corte no podría avalar este burdo ejercicio.
¿Qué es lo que quiere realmente el Presidente? Es sencillo. Busca nuevamente desviar la atención del pésimo manejo de la pandemia en México, de la fallida estrategia en seguridad y del decrecimiento económico que afecta cada vez más a las familias mexicanas.
Pero no puede hacerlo si carece de un ente, organismo, liderazgo o agrupación a quien pueda señalar como su adversario, causante del mal presente y por lo tanto, adversario de México. En este caso, el poder judicial sería señalado por el dedo inquisidor de Palacio Nacional como el culpable de no enjuiciar a Peña, Calderón y Salinas.
De esta forma, el Presidente no se compromete, se lava las manos, desvía la atención y suma puntos en su cruzada quijotesca rumbo al 2021, y todo, fiel a su estilo.
¿Qué otras estrategias mediáticas nos deparará la 4T? No lo sé. Pero mientras la función debe continuar.
Luis Carlos Casiano
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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