Con la llegada de la cuarta transformación nuestro país se ha puesto a la vanguardia mundial en temas tan importantes como son la reconstrucción del tejido social; el combate a la pobreza; la generación de empleo, soberanía energética; y por supuesto, la reestructuración del poder judicial.
Para nadie es un secreto que durante la revolución pacifica que han significado los gobiernos progresistas a lo largo ancho de la circunferencia terrestre, la respuesta de la reacción de la derecha neoliberal y caduca a si usar al poder judicial como un elemento policial, perseguidor de opositores políticos y defensores de los intereses de las elites económicas.
Basta solo dar una vuelta por Latinoamérica para darse cuenta como después de la segunda década del siglo XXI los poderes judiciales se desenmascararon, fueron usados como herramienta política para utilizar su supuesta neutralidad judicial y atacar con toda su fuerza a los dirigentes habían llevado paz, armonía y estabilidad a su pueblo.
El Lawfare consiste en un mecanismo por el cual los actores políticos tradicionales ejecutan la buena fe por la cual se han constituido los poderes judiciales en las democracias modernas para ser utilizados como arma arrojadiza que quiere perpetuar los regímenes políticos obsoletos.
De esa forma, logran poner a la ciudadanía entre la espada y la pared. Por un lado, generan una campaña mediática que busca confundir a la población, ante una “posible” violación al principio de separación de poderes, comienza a resolver los casos trascendentales de forma sesgada en favor de quienes ostentan el poder económico de las naciones.
México no fue la excepción. En los últimos 6 años fuimos testigos de como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se empeñó en boicotear el proyecto de la cuarta transformación. Con líneas argumentativas absurdas y fuera de cualquier lógica jurídica adaptaron las jurisprudencias con el objetivo firme de conservar privilegios para unos cuantos.
Lo que no esperaba la derecha tradicional mexicana es que el pueblo es sabio. En este país, sobre todo después del 2018, el pueblo manda y sus dirigentes obedecen. Así funciona y así funcionará por mucho tiempo, le pese a quien le pese.
Con las experiencias de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas, la ciudadanía mexicana encontró la formula correcta y adecuada para evitar que personas como Salinas Pliego y compañía siguieran lucrado con este país.
El plan C representó el sentir de millones de mexicanos. Significo el empoderamiento del pueblo nacional en busca de garantizar una democracia directa donde sea el pueblo de a pie quien tenga la garantía y certeza de que las personas juzgadoras únicamente sean fieles a la justicia y no a los intereses políticos.
Por primera vez en la historia de América latina será el pueblo organizado quien determine los perfiles que habrán de hacerse cargo de juzgar y llevar la justicia a millones de familias en todo el país.
Por fin, desde el constituyente de 1917, la ciudadanía podrá determinar quienes podrán ser personas juzgadoras. Lejos de lo que decía la oposición hablamos de democracia directa y participativa.
Por suerte, en el estado de Chihuahua el Pan y sus aliados recularon, se dieron cuenta que lo mejor es dejar al pueblo elegir, por esa razón en nuestra entidad se elegirán todos los cargos a jueces y magistrados.
Se trata pues de una elección histórica, como ciudadanía tenemos la obligación de informarnos, de verificar la trayectoria y perfila cada una y de cada uno de los aspirantes. Votar con responsabilidad e informados.
En Morena chihuahua actuaremos con la responsabilidad que la ocasión lo amerita, estaremos a disposición de lo que tanto el IEE como el INE determinen y seremos coadyuvantes para garantizar este avance democrático.
Brighite Granados de la Rosa
Política juarense y presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua desde 2022, con liderazgo extendido hasta 2027. Fundadora del partido en el estado, ha trabajado en estructuras clave y promoción del voto, enfocada en fortalecer la Cuarta Transformación.
