El día 11 de octubre, siete dias después de que la SCJN indicará que la controversia ingresada por el Gobierno de Chihuahua era improcedente, la gobernadora María Eugenia Campos, nuevamente arremete contra el derecho consagrado en la Constitución de México, que establece que, corresponde al Estado la rectoría de la educación, y que además será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Ahora, en su nueva estrategia, esta utilizando a membretes de “organizaciones civiles”, junto con el poder judicial a modo que tenemos en el estado de Chihuahua, para aceptar juicios de amparo. Sí, aunque parezca increíble, el juzgado tercero de distrito del décimo séptimo circuito y el juzgado décimo de distrito en el Estado de Chihuahua, otorgaron la suspensión provisional para la distribución de los libros de texto; los nombres de estas juzgadoras son, Madhay Soto Morales y Jessica María Contreras Martínez respectivamente, las cuales en su determinación dicen lo siguiente:
| a) Verifiquen que se hayan observado los procedimientos constitucionales legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos, asimismo que se haya garantizado la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa y que se hayan ajustado a los criterios y planes orientados a combatir la ignorancia y sus efectos, el fanatismo, servidumbre y prejuicios. Por ello, considerando la priorización del interés superior de la infancia, deberán adoptar las medidas que estimen pertinentes y con base en la norma de mayor protección.
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b) Mientras se realiza la verificación de la observancia de los planes y programas para la elaboración de libros de texto gratuitos, se suspenda la entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, en lo que respecta al Estado de Chihuahua.
c) A efecto de dar acceso a la educación de los infantes en el Estado de Chihuahua, en este ciclo escolar 2023-2024, las autoridades competentes podrán apoyarse en los libros de texto aprobados en base a dichas formalidades vigentes para el ciclo escolar 2022-2023.
d) De ser así, podrán implementar mecanismos que faciliten el acceso a todos los alumnos e instituciones educativas a los libros de texto del ciclo 2022-2023, pudiendo proporcionarlos u optar por medios para su consulta conforme se vaya desarrollando el plan educativo del ciclo escolar. |
Las juezas olvidan que en su acción de suspender la distribución de los LTG, están pasando por encima de la Constitución del Estado Mexicano, sin ver el gran daño que le están haciendo a los NNA del estado de Chihuahua. En el estado, existen alrededor de 700 mil niñas y niños, y no analizaron las ventajas o inconvenientes de su acción. Toda autoridad debe de resolver proporcionalmente realizando un análisis profundo de sus decisiones.
En su decisión, las juzgadoras ahora hasta intervienen (ver inciso c) y d), sin competencia alguna a sugerirle a las autoridades educativas, que pueden apoyarse en los libros de texto del ciclo escolar 2022-2023, y además que pueden optar por implementar mecanismos alternos, obviamente refiriéndose a que pueden seguir imprimiendo los folletos. Si no, a cuáles medios alternos se refieren.
Además, como es posible que los jueces acepten juicios de amparo de organizaciones antes de saber si realmente representan a un porcentaje importante de la población. Antes de hacer a un lado los derechos constitucionales de la niñez Chihuahuense.
En su comunicado, la Gobernadora dice que los juicios de amparo fueron promovidos por la “Clínica de Derechos Humanos” y la “Asociación Estatal de Padres de Familia”. Pero, quienes son y a quienes representan estas asociaciones, que promovieron los juicios de Amparo. En el programa de “Los Periodistas”, del 11 de octubre, mencionan que Laura Gurza Jaidar, es originaria de Torreón Coahuila, y fue Secretaria de Protección Civil, con Felipe Calderón. Ahora se desempeña como subsecretaria de Buen Gobierno, de la Administración Panista, de María Eugenia Campos; y es parte del directorio de la Unión Nacional de Padres de Familia. Es decir, son ellos mismos los que interponen estos juicios de amparo, usando su membretes de ACs. En un artículo de la revista Proceso (2015), de Alvaro Delgado titulado “La sombra de El Yunque en el Partido Humanista”, habla sobre la organización clandestina de ultraderecha que domina amplias parcelas del PAN y de organismos empresariales como Coparmex; quienes junto con contingentes de campesinos, formaron el Partido Humanista. Mencionando que la más reciente panista que se sumó fue Laura Gurza Jaidar, quien fuera directora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación con Felipe Calderón.
En resumen, son los mismos que han interpuesto amparos iguales, en otros estados, miembros de la UNPF. Son los grupos ultra-conservadores de presión que se han opuesto a todos los proyectos del gobierno de la 4T, asociaciones civiles, que han interpuesto cientos de amparos al Tren Maya, al Aeropuerto Felipe Ángeles, y ahora a los LTG en varios estados de la República Mexicana. Con esto se demuestra la indolencia y la hipocresía del Gobierno de María Eugenia Campos, pues se esconde detrás de sus asociaciones civiles, de las cuales ellos mismos forman parte.
Termino comentando que desde las 10:00 am, del día de hoy 12 de octubre, maestros y maestras estuvieron a las puertas de los juzgados Federales de Chihuahua, en protesta por la nueva suspensión de la entrega de los LTG. Mientras las y los ciudadanos del Estado de Chihuahua, sigamos levantando la voz por las injusticias, se logrará un mejor país para todos y todas nosotras.
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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