El jueves pasado, el Senado aprobó las reformas al INFONAVIT con el propósito de ampliar la capacidad de este instituto para mejorar la calidad de la vivienda que construye para las familias derechohabientes. Al respecto, confieso mi asombro por las afirmaciones de la oposición que ha expresado que con esta reforma se expropiaran las subcuentas de vivienda inscritas en las Afores.
Desde luego que es una más de las falsedades a las que nos tiene acostumbrada la oposición, por lo que vale la pena que nos detengamos a cuestionar estas acusaciones, mostrando que la decadencia del INFONAVIT fue consecuencia de la falta de supervisión gubernamental.
El INFONAVIT, creado en 1972, tuvo algunos resultados dignos de mención como la construcción de viviendas baratas, amplias, sólidas y bien ubicadas en los contextos urbanos que caracterizaban al México de los años setenta.
Jesús Silva Herzog, el primer director del INFONAVIT, consideraba que la vigilancia gubernamental evitó que los especuladores inflaran los precios de los lotes o que los materialistas se aprovecharan de una creciente demanda de insumos para construir vivienda. El resultado fue una primera generación de fraccionamientos con viviendas cómodas, espaciosas, bien ubicadas y baratas.
Sin embargo, después de la liberalización de los mercados de Carlos Salinas, las capacidades del INFONAVIT para resolver el problema de la vivienda se vinieron al suelo.
El instituto se convirtió en un organismo financiero, alejándose de la supervisión, tanto de la elección óptima de las localizaciones residenciales, como de su calidad, su precio y el costo de su financiamiento.
La privatización de los ejidos fortaleció la posición de los especuladores, quienes monopolizaron las reservas de tierra. La banca financiaba sus carteras hipotecarias con fondos internacionales contratadas a tasas baratas, para colocarlas en los mercados de vivienda social a tasas duplicadas y hasta triplicadas.
Ante ello, el INFONAVIT se extravió: lejos de mejorar el control sobre los procesos que influían en el encarecimiento de la vivienda, continuó otorgando créditos insuficientes que determinaron un achicamiento de la vivienda, un deterioro de sus materiales y una localización periférica de los desarrollos.
Esta precarización fue un fenómeno paralelo al hundimiento del salario real y como en el mercado de trabajo, en el mercado de la vivienda las políticas neoliberales causaron un sufrimiento inmenso a millones de familias mexicanas.
Ahora la oposición se alarma porque la reforma mejorará la administración, supervisión y control de todos los procesos vinculados a la construcción de viviendas.
Pero yo les pregunto: ¿de qué nos sirvió tener órganos de control paritarios en la administración de este Instituto, si jamás fueron capaces de evitar el deterioro de la vivienda?
En verdad de nada, en ausencia de vigilancia los funcionarios de los gobiernos neoliberales del INFONAVIT fueron cómplices de quienes hicieron del deterioro de la vivienda un negocio, facilitaron que la especulación inmobiliaria y financiera se apropiara de buena parte de los recursos para satisfacer esta necesidad tan cara para las familias mexicanas.
No nos debe sorprender: la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un órgano tripartito semejante al del INFONAVIT, despojó a los trabajadores del fruto de su esfuerzo en decenas de revisiones salariales; y lo cierto es que en ambos órganos nunca hubo una voz que se alzara para detener este horror económico.
Estas dos experiencias nos demuestran que no es en las formalidades donde se procura el bienestar de las personas vulnerables y la satisfacción de los derechos sociales, sino en la concepción que se tiene de la justicia y de las necesidades de la clase trabajadora, un gobierno que será capaz de vigilar y auditar con honestidad la nueva gestión reformada del INFONAVIT.
Juan Carlos Loera de la Rosa
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
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